Santo Domingo, República Dominicana – COOPNAMA enfrenta crecientes cuestionamientos por sus niveles salariales, el acceso a información financiera, observaciones de auditorías externas y denuncias relacionadas con el manejo de recursos aportados por cientos de miles de docentes y empleados públicos que forman parte de la institución.
Los hallazgos fueron presentados por el programa N Investiga, que examinó documentos internos, auditorías, nóminas y testimonios de socios de la cooperativa.
La entidad fue creada en 1971 con el propósito de promover el bienestar económico del magisterio dominicano y actualmente reúne a más de 200 mil asociados en todo el territorio nacional.
La investigación describe una estructura administrativa cuyos costos salariales han despertado preocupación entre algunos socios.
Según estos planteamientos, COOPNAMA se habría distanciado de los principios de solidaridad y beneficio colectivo que dieron origen al movimiento cooperativista.
De acuerdo con los datos analizados por el reportaje, COOPNAMA registró ingresos superiores a RD$12,801 millones durante 2024, cifra que superó los RD$11,598 millones obtenidos en 2023.
Por su volumen de operaciones y recursos administrados, la entidad figura entre las cooperativas más importantes de República Dominicana y manejaría activos comparables a los de algunas instituciones financieras relevantes del país.
Sin embargo, gran parte de los cuestionamientos se concentra en la estructura salarial. Las nóminas correspondientes a 2022 muestran asesores con remuneraciones que superaban los RD$300 mil mensuales.
Entre ellos aparecen José Ramón Jara Mancebo con RD$321,580; Carlos Ignacio Benítez Pérez con RD$465,923; Julito Fulcar Encarnación, actual senador por Peravia, con RD$303,111; y José Francelin Almonte con RD$405,358.
Solo el grupo de 43 asesores representaba más de RD$5 millones mensuales en pagos. Además, las remuneraciones elevadas alcanzaban puestos gerenciales.
Rosa Ana Soto de Fulcar figura con un salario cercano a RD$496 mil mensuales como gerente de servicios.
También aparecen Ubaldo Antonio León Aybar con RD$465,914; Kenedy García Álvarez con RD$461,912; y Ramona Altagracia Cruz Cuevas con RD$448,240.
La documentación revisada por N Investiga también identificó salarios superiores a RD$100 mil en algunas posiciones operativas.
Entre los casos señalados figuran Juan Feliz Alcántara, auxiliar de mantenimiento, con RD$132,976, y Asunción Flores Ortiz, secretaria recepcionista, con RD$112,767.
Incluso mensajeros de COOPNAMA percibían entre RD$70 mil y RD$88 mil mensuales, mientras auxiliares de limpieza recibían entre RD$56 mil y RD$59 mil pesos.
En conjunto, la nómina de la cooperativa ronda los RD$121 millones mensuales, una cifra superior a la de varias instituciones públicas de carácter técnico y regulatorio.
La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, consideró que estas escalas salariales merecen una revisión debido a la diferencia existente entre los ingresos de algunos funcionarios y los salarios de los docentes que sostienen la entidad mediante sus aportes.
Otro de los aspectos que genera controversia gira alrededor del acceso a la información financiera.
La investigación recoge el caso del comunicador y maestro Dary Terrero, quien acudió a los tribunales para obtener auditorías, estados financieros y nóminas de COOPNAMA. Según explicó, pese a ser socio, no recibió respuesta a sus solicitudes.
Posteriormente obtuvo una sentencia favorable que ordenó la entrega de los documentos requeridos. Sin embargo, la decisión fue recurrida por la cooperativa ante el Tribunal Constitucional, donde el proceso permanece pendiente.
Las auditorías externas también han generado interrogantes. Una revisión correspondiente a 2023 señala que no fue posible verificar el cien por ciento de los fondos destinados al pago del personal administrativo, uno de los principales componentes de gasto de COOPNAMA.
Los cuestionamientos alcanzan igualmente algunos servicios ofrecidos por la entidad. Comparaciones realizadas durante la investigación reflejan diferencias significativas entre los precios de productos comercializados en las tiendas de la cooperativa y artículos similares disponibles en comercios privados.
Entre los ejemplos citados aparece una nevera de 12 pies cúbicos ofertada en RD$42,500, mientras productos similares podían encontrarse por aproximadamente RD$15,496 en otros establecimientos.
También fueron observadas diferencias relevantes en estufas y hornos microondas.
La investigación también examinó la situación del hotel Coop Marena Beach Resort, ubicado en Juan Dolio, República Dominicana y propiedad de la cooperativa.
Algunos socios cuestionan que los maestros deban asumir cargos adicionales al financiar sus estadías, pese a tratarse de una instalación perteneciente a la propia entidad.
Otro hallazgo corresponde a un aporte de RD$80 millones realizado por COOPNAMA a COOPSEGUROS durante febrero de este año.
La operación se produjo pocas semanas después de que Eston Arnulfo Fulcar Aybar fuera designado gerente general de esa entidad.
El funcionario es hijo de Julito Fulcar Encarnación, quien figura como asesor de la cooperativa desde 2017.
Aunque no existe evidencia pública de ilegalidad, la coincidencia temporal entre ambos acontecimientos ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y sobre la independencia de determinadas decisiones administrativas dentro de COOPNAMA.
La investigación también aborda denuncias relacionadas con prestamistas informales que operan alrededor de los mecanismos de oposición de cobro utilizados por algunos maestros y jubilados.
Entre los testimonios figura el de Norma Castillo, una maestra jubilada que asegura haber solicitado RD$100 mil prestados para atender una emergencia familiar y que posteriormente quedó sometida a un proceso de cobro que derivó en acciones legales.
Especialistas consultados durante el reportaje advirtieron que cuando instituciones aceptan oposiciones derivadas de acuerdos considerados abusivos pueden surgir preocupaciones relacionadas con una eventual legitimación indirecta de prácticas vinculadas a la usura.
Las revelaciones también dirigen la atención hacia el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), organismo encargado de supervisar el sistema cooperativo nacional.
Entre los documentos examinados figura una comunicación enviada por la presidenta administradora de la entidad, Maritza López Ortiz, solicitando apoyo económico a cooperativas para realizar mejoras en oficinas del organismo.
Expertos consideran que esa situación podría resultar incompatible con la independencia que debe caracterizar a una institución encargada de supervisar y fiscalizar el sector cooperativo.
Más de cinco décadas después de su fundación, COOPNAMA enfrenta crecientes demandas de transparencia, acceso a información financiera y supervisión efectiva.
Mientras continúan los cuestionamientos sobre el manejo de recursos pertenecientes a más de 200 mil socios, persisten las interrogantes sobre si la institución mantiene los principios cooperativistas que motivaron su creación o si ha evolucionado hacia una estructura cada vez más distante de los intereses de quienes la financian.
