Diputados de diferentes partidos políticos admitieron que el proyecto de reforma al Código Penal aprobado en primera lectura en la Cámara Baja vulnera derechos constitucionales como han manifestado diversos sectores de la sociedad.
En la sesión de hoy, la Cámara de Diputados continúa conociendo las observaciones, «correcciones técnicas» y la inclusión de algunos artículos que sugirió la Procuraduría General de la República, la Policía y otros sectores de la sociedad.
Mientras que el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Tony Bengoa aseguró que dos de las tres causales del aborto están excluidas de la iniciativa, pese al frente que se ha formado que incluye a la familia presidencial para que se incluyan todas en la pieza. «Solamente incluimos una sola y cuando peligra la vida de la madre en estado de gestación los médicos podrán realizar un aborto y nada más que quede claro», afirmó.
Diputados enfrentan críticas sobre la reforma al Código Penal y su impacto en derechos constitucionales
Sin embargo, favoreció modificar el artículo 90 debido a que limita la movilidad, otorgando poderes plenos para que se comentan abusos de autoridad.
Dijo que en el Congreso siempre ha sido común que los diferentes sectores vengan a expresarse con propuestas a favor o en contra de alguna normativa de interés colectivo que se esté conociendo como lo es el proyecto de reforma al Código Penal», precisó.
El diputado aceptó que el proyecto de modificación al Código penal no es perfecto, pero que la población demanda una nueva normativa con carácter de urgencia que se adapte a la realidad de República Dominicana.
“Este nuevo Código Penal que buscamos aprobar en la Cámara de Diputados tiene 83 nuevas tipificaciones de delitos que permitirán a jueces y Ministerio Público tener un mejor abordaje al momento de impartir justicia”, sostuvo.
Dijo estar de acuerdo con que se apruebe y que como entraría en vigencia luego de un año daría tiempo para revisarlo y hacer los ajustes necesarios para su puesta en funcionamiento.
Fuerza del Pueblo
El vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, negó que en el proyecto de reforma al Código Penal vulnere derechos a las mujeres como han expresado diversos sectores.
“La familia del presidente Luis Abinader tiene todo el derecho a expresarse, pero esta es una normativa que responde al interés de la nación porque ustedes tienen que saber que nosotros estamos preservando y reforzando los derechos de las mujeres para que sectores dejen sus cantos de sirena», puntualizó.
Ministerio de Mujer
El Ministerio de la Mujer reiteró su oposición al proyecto de reforma del Código Penal aprobado por el Senado de la República. Según la entidad, la propuesta representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos, particularmente para mujeres, niñas y adolescentes.
Desde su rol como ente rector de políticas públicas para la igualdad, el Ministerio alertó que tanto senadores como diputados han ignorado recomendaciones técnicas y científicas entregadas durante años para garantizar una legislación penal justa e inclusiva.
Feminicidio
Uno de los puntos más preocupantes señalados por el Ministerio es la distorsión en la tipificación del feminicidio.
La nueva redacción del Código Penal no garantiza su aplicación efectiva, al eliminar elementos clave que permiten diferenciar entre homicidio y feminicidio.
Esta omisión compromete la capacidad del sistema judicial de proteger adecuadamente a las víctimas de violencia por razones de género.
Acoso
El Ministerio también cuestionó la definición ambigua del acoso y del acoso sexual, así como la reducción de penas propuestas.
Denuncia que se ha fragmentado su tipificación en distintos artículos, omitiendo formas de violencia como el acoso callejero y el acoso digital.
Además, el acoso fue ubicado dentro del apartado de agresiones sexuales, ignorando su naturaleza como tipo penal autónomo.
Violencia intrafamiliar
Respecto a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, el Ministerio calificó la propuesta como un retroceso jurídico e institucional respecto a los estándares establecidos por la Ley 24-97.
Esto comprometería el cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales del Estado dominicano.
El organismo también considera que las órdenes de protección deberían poder aplicarse más allá de la violencia intrafamiliar o de género.
Deben incluir delitos como trata de personas, violencia sexual y acoso, para fortalecer el principio de debida diligencia y evitar vacíos legales que expongan a las víctimas.
Violencia de género
La propuesta de reforma omite clasificaciones claras y diferenciadas de los tipos de violencia de género (física, psicológica, económica, digital, entre otras).
Esta falta de especificidad puede generar impunidad o revictimización al impedir una aplicación efectiva del principio de debida diligencia reforzada.
Violencia sexual
El nuevo Código también debilita la protección frente a la violencia sexual. Según el Ministerio, la redacción es ambigua y fragmentada, con penas desproporcionadamente bajas y sin una definición clara del consentimiento. Esto compromete el abordaje judicial de delitos como la violación y otras formas de violencia sexual.
Tres causales
El Ministerio reitera la necesidad de incluir las tres circunstancias excepcionales para la interrupción del embarazo: cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando es resultado de violación o incesto, y cuando el feto es inviable fuera del útero. Su omisión constituye una violación de derechos fundamentales y contradice compromisos internacionales.
Llamó al Congreso Nacional a que enmiende el proyecto y garantice una legislación penal moderna, justa y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres dominicanas.
“Las leyes deben garantizar avances, no retrocesos”, enfatiza la institución.
Ayer una comisión de legisladores trabajaba, en la inclusión de algunos artículos, corregía errores técnicos y observaciones que realizaron diputados, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional al proyecto de reforma del Código Penal, a fin de de aprobar la normativa en segunda y enviarla al Senado, donde sería sancionada.
Así lo afirmó el presidente la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco luego de que el mandatario Luis Abinader extendiera hasta el 5 de agosto la legislatura, bajo el compromiso de dotar al país una nueva herramienta jurídica.
Aseguró que los congresistas trabajan contrarreloj en la corrección de la nueva pieza que lleva más de dos décadas en el Congreso, pese a las nuevas tipificaciones jurídicas que han surgido con el pasar del tiempo.
