Santo Domingo, D.N. – El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo (FP), Paino Abreu, presentó este miércoles el informe titulado “Nubarrones en el Panorama Ambiental Dominicano”, en el que denunció un presunto colapso del sistema de protección ambiental en el país, atribuido a incapacidad institucional, permisividad, opacidad administrativa y un creciente riesgo para el patrimonio natural.
Durante la presentación, Abreu afirmó que “el panorama ambiental dominicano luce muy nublado por la incapacidad del Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir los mandatos de la ley que lo creó”, al considerar que la institución está fallando en su rol constitucional de protección y dejando sin respuesta situaciones que comprometen ecosistemas estratégicos.
Permisología bajo cuestionamiento
El dirigente ambiental inició su exposición abordando lo que definió como el “primer nubarrón”: la permisología ambiental. Recordó que el Ministerio anunció como logro la emisión de 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, pero posteriormente admitió que más del 60 % corresponde a certificaciones de impacto mínimo.
Sin embargo, señaló que aún existen más de 2,500 autorizaciones sobre las cuales no hay claridad pública respecto a su naturaleza jurídica. “No se sabe si son licencias, permisos o constancias ambientales, cada una con requerimientos distintos según su impacto”, indicó.
Abreu explicó que el 5 de diciembre se solicitó formalmente acceso a esa información sin que, hasta la fecha, el Ministerio haya respondido. A su juicio, esto constituye una violación a la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y abre la posibilidad de interponer un recurso de amparo para exigir transparencia.
“El ministro debe responder”, enfatizó, al advertir sobre lo que considera un “relajamiento inaceptable” de los indicadores y parámetros del sistema de protección de los recursos naturales.
Contaminación en la presa de Hatillo
Como segundo eje del informe, Abreu abordó la situación de la presa de Hatillo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se ha registrado una floración masiva de algas.
Explicó que, por segunda vez en un período reciente, el agua del embalse cambió de color debido a la proliferación de una lama verde y pastosa, fenómeno conocido como floración de algas.
Cuestionó que, pese a que la toma de muestras fue anunciada el 5 de diciembre, más de dos meses después el país aún no cuenta con una explicación oficial. “Eso es incapacidad para gestionar situaciones que requieren respuestas claras y soluciones”, sostuvo.
Recordó que la presa cumple funciones estratégicas en generación eléctrica, riego agrícola, producción piscícola y posible abastecimiento de agua potable para la capital, por lo que la ausencia de un diagnóstico integral de la cuenca del río Yuna representa, a su entender, una grave falla en la gestión ambiental.
Intervención en Valdesia
El tercer punto del informe se refiere al proyecto de limpieza de sedimentos en la presa de Valdesia, ejecutado aparentemente por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Abreu indicó que comunitarios del distrito municipal Pueblecito-Muchas Aguas han denunciado que los trabajos incluyen la apertura de una vía a través del cauce del río Yubazo, afectando fuentes hídricas que abastecen a varias comunidades.
Según explicó, el permiso ambiental otorgado permitiría intervenciones que vulneran la franja de protección de 30 metros establecida por ley en los cursos de agua e incluso impactan directamente el cauce del río en un trayecto de más de seis kilómetros.
El dirigente solicitó la publicación de toda la documentación del proyecto, incluyendo estudios de impacto ambiental, evaluaciones técnicas, empresa ejecutora y destino de los materiales extraídos, cuyo valor —según estimaciones comunitarias— ascendería a miles de millones de pesos.
Litigio sobre el Parque Jaragua
El cuarto “nubarrón” expuesto por Abreu se relaciona con una disputa judicial sobre más de 12 millones de metros cuadrados dentro del Parque Nacional Jaragua, en el municipio de Oviedo.
Explicó que una empresa obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Administrativo mediante una acción de amparo, lo que podría sentar un precedente respecto a la protección constitucional de las áreas protegidas.
Abreu recordó que la Constitución de 2010 establece la supremacía constitucional y la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes patrimoniales del Estado, por lo que cualquier modificación de los límites de un área protegida requiere la aprobación de una mayoría calificada del Congreso Nacional.
En ese contexto, sostuvo que el Ministerio de Medio Ambiente no presentó en audiencia los medios probatorios necesarios sobre los límites del parque ni defendió con suficiente firmeza la protección constitucional del área.
Riesgo estructural
Al concluir, Abreu reiteró que los cuatro casos expuestos no son hechos aislados, sino manifestaciones de una problemática estructural.
“El Ministerio de Medio Ambiente está fallando en su rol constitucional de protección”, afirmó, al advertir que la combinación de incapacidad institucional, permisividad administrativa y opacidad informativa está poniendo en riesgo el patrimonio natural dominicano.
Finalmente, aseguró que la Fuerza del Pueblo dará seguimiento a cada uno de los casos y acompañará a las comunidades en defensa de un medio ambiente sano, advirtiendo que, de no corregirse el rumbo actual, “otras oscuras nubes ensombrecerán el panorama ambiental dominicano”.