Exigen Tribunales Superiores Administrativos y más presupuesto

SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Abogados (CARD) calificó el 2025 como el año del retroceso judicial con una justicia «cara, lenta, mala y negadora de derechos», además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tiempo que exigió un mayor presupuesto para el Poder Judicial.

La entidad, a través de sus representantes, Trajano Vidal Potentini, presidente y el abogado Miguel Surun, aseguró que el discurso del presidente Henry Molina, presidente del Poder Judicial, con cifras y estadísticas, no se corresponde con la realidad dominicana.

Asimismo pidió la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución, los cuales constituirán la puerta de entrada del estado de derecho, en esa relación desigual que mantienen los ciudadanos frente al leviatán, en que se erige el estado dominicano desde la administración pública, con el desconocimiento de los derechos fundamentales.

Los abogados en ocasión de conmemorarse el día del Poder Judicial, marcharon con una mano de plátano, un salami y una gallina en señal de la retórica realidad del pueblo dominicano, resaltando casos de robo de un conejo, de gallinas, de un salami o de una mano de plátano, a los que se le impone altas condenas, en contraste con los ricos y criminalidad de cuello blanco de poderosos que, según la entidad, gozan de gran impunidad.

Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho, de manera general resaltan como males reiterados, la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrentan los abogados y la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Dentro de los reclamos del gremio se encuentran: Un salario mínimo de 60 mil para todos los abogados que laboren en el Poder Judicial, el no traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo para los Mameyes, en detrimento y dificultades para acceder a la justicia de decenas de usuarios y abogados.

Así como el respeto del escalafón en la carrera judicial y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores judiciales, incluyendo, esto último (por parte del Poder Ejecutivo), el hacer realidad un sistema de pensiones para el Ministerio Público y establecer filas y estafetas especiales y exclusivas para los abogados en las gestiones de los tribunales y jurisdicción inmobiliaria.

Además exige resolver el cuello de botella e indignidad en que desarrollan sus labores en la jurisdicción inmobiliaria, con requerimientos y una burocracia excesiva y el el adiestramiento y facilidades en los temas informáticos y digitales, para que los abogados puedan con facilidad acceder a la imposición de la denominada virtualización de la justicia, que en la actualidad ha establecido el Poder Judicial, entre otros reclamos.

Los abogados realizaron una marcha nacional por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia, frente a la Suprema Corte de Justicia, una manifestación pacífica, donde defendieron la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía y denunciaron las deficiencias estructurales del sistema de justicia dominicano, consistente en la falta de presupuesto, condiciones reales de acceso a una justicia pronta y oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para los ciudadanos.

El Gobierno dominicano afirma que aviones de EE.UU en RD sólo realizan apoyo logístico y niega su participación en la operación en Venezuela.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, negó que los aviones estadounidenses con base en territorio dominicano hayan participado de forma directa en la operación militar en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026.

Álvarez aseguró que las aeronaves estadounidenses estacionadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y en la Base Aérea de San Isidro no son aeronaves de combate, sino que su función se limita a tareas de apoyo logístico, especialmente reabastecimiento de combustible para aviones que operan en la región.

«En ningún momento ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver con otro elemento que no sea la lucha contra el narcotráfico», respondió el canciller a las consultas de la prensa tras culminar la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial.

Versiones locales tras la operación

Desde el fin de semana surgieron versiones que apuntaban a que, en la madrugada en que se ejecutó la operación en Caracas, al menos seis aeronaves militares estadounidenses destacadas temporalmente en el AILA no se encontraban en la pista, lo cual alimentó especulaciones sobre la logística de la misión.

Sin embargo, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales de medios internacionales que indiquen que aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo (como los KC-135 o KC-46) despegaran desde bases dominicanas para participar activamente en la fase de ataque o transporte de fuerzas especiales.

Álvarez enfatizó que la presencia estadounidense en bases de la República Dominicana está circunscrita a la lucha contra el narcotráfico y que no existe evidencia formal de que aviones de combate hayan usado estas instalaciones en apoyo directo al operativo en Venezuela.

El Gobierno dominicano afirma que aviones de EE.UU en RD sólo realizan apoyo logístico y niega su participación en la operación en Venezuela.

El canciller dominicano, Roberto Álvarez, negó que los aviones estadounidenses con base en territorio dominicano hayan participado de forma directa en la operación militar en Venezuela la madrugada del 3 de enero de 2026.

Álvarez aseguró que las aeronaves estadounidenses estacionadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas y en la Base Aérea de San Isidro no son aeronaves de combate, sino que su función se limita a tareas de apoyo logístico, especialmente reabastecimiento de combustible para aviones que operan en la región.

«En ningún momento ha habido ningún tipo de ejercicio que tenga que ver con otro elemento que no sea la lucha contra el narcotráfico», respondió el canciller a las consultas de la prensa tras culminar la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial.

Versiones locales tras la operación

Desde el fin de semana surgieron versiones que apuntaban a que, en la madrugada en que se ejecutó la operación en Caracas, al menos seis aeronaves militares estadounidenses destacadas temporalmente en el AILA no se encontraban en la pista, lo cual alimentó especulaciones sobre la logística de la misión.

Sin embargo, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales de medios internacionales que indiquen que aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo (como los KC-135 o KC-46) despegaran desde bases dominicanas para participar activamente en la fase de ataque o transporte de fuerzas especiales.

Álvarez enfatizó que la presencia estadounidense en bases de la República Dominicana está circunscrita a la lucha contra el narcotráfico y que no existe evidencia formal de que aviones de combate hayan usado estas instalaciones en apoyo directo al operativo en Venezuela.

• República Dominicana fue el país que más avanzó en el índice global de Estado de Derecho 2025, del World Justice Project, escalando 20 posiciones

En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, presentó este miércoles su discurso en audiencia solemne, destacando los avances estructurales alcanzados por el sistema de justicia dominicano y subrayando la necesidad de dar continuidad a una reforma que ya está en marcha y dando resultados.

Molina enfatizó que la transformación del Poder Judicial iniciada en 2019 no ha sido coyuntural ni improvisada, sino el resultado de una hoja de ruta clara, construida a partir del diálogo y orientada a garantizar una justicia más oportuna, accesible y transparente, al servicio de la ciudadanía y de la estabilidad democrática del país.

“Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan. Una justicia que actúa siempre en resguardo de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales y del debido proceso como garantía esencial del Estado de Derecho”, afirmó el juez presidente de la SCJ.

El juez presidente resaltó que el 87% de los tribunales del país se encuentran hoy al día, un logro sin precedentes en la historia judicial dominicana, que demuestra que la mora no es una condición inevitable, sino un problema que puede y debe ser enfrentado con planificación, tecnología y compromiso institucional. En ese mismo sentido, destacó que la Suprema Corte de Justicia logró eliminar los expedientes con más de 12 meses, cerrando un rezago histórico que afectó durante décadas al sistema.

Molina subrayó los avances en transformación digital, que han permitido ampliar el acceso a la justicia, reducir tiempos y costos para los usuarios y fortalecer la transparencia. Señaló que hoy todos los servicios operan con firma digital y que miles de ciudadanos y profesionales del derecho acceden a trámites judiciales de manera remota, segura y eficiente. En ese sentido, subrayó que más de 27 mil usuarios realizan sus trámites a través de la plataforma de Acceso Digital, y valoró las audiencias virtuales.

En materia de acceso y humanización de la justicia, el magistrado destacó la expansión de infraestructuras judiciales, entre las que destaca la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, la atención diferenciada a personas en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como herramientas clave para una justicia más cercana, menos adversarial y más centrada en las personas.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas, mencionando iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial, el Anuario de Jurisprudencia, el portal de datos abiertos y la Juriteca.

En un mensaje de fondo institucional, Henry Molina insistió en que los avances alcanzados son fruto de un esfuerzo colectivo de jueces, juezas y servidores judiciales en todo el país.

Destacó también que la continuidad de la transformación en marcha es un ejercicio de responsabilidad con el futuro de la República Dominicana y recordó que la hoja de ruta ya está trazada, gracias al proceso de participación ciudadana que permitió formular el Plan Estratégico Decenal 2034.

“Cuando la justicia avanza, el país avanza con ella”, expresó, al tiempo que reafirmó la independencia judicial como pilar del Estado de derecho y la democracia. “La fortaleza de nuestras instituciones no se hereda ni se improvisa: se construye cada día, con legalidad, independencia y respeto a la dignidad humana”.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona; el expresidente Leonel Fernández, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; altas autoridades judiciales y representantes de los distintos poderes del Estado, en una muestra del carácter institucional y republicano de la jornada.

Con esta presentación de logros y retos, el Poder Judicial reafirma su compromiso de seguir consolidando una justicia al día, accesible y confiable, y de proteger los avances logrados como un patrimonio institucional al servicio de la democracia y de los derechos fundamentales de todos los dominicanos.

Los actos conmemorativos

Los actos conmemorativos del Día del Poder Judicial incluyeron una misa roja en la catedral Primada de América, oficiada por monseñor Carlos Morel Diplán, y posteriormente una ofrenda floral en honor a los padres fundadores de la nación en el Altar de la Patria. Asimismo, también audiencias solemnes en los 11 departamentos judiciales del país, que se desarrollaron de forma simultánea.

En los actos conmemorativos participaron jueces, juezas del Pleno del alto tribunal, de otras instancias, legisladores, autoridades gubernamentales, representantes de la comunidad jurídica y servidores judiciales.