El gobierno de Estados Unidos decidió prolongar hasta el 8 de septiembre la prohibición de vuelos hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití. La medida, anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA), responde al deterioro de la seguridad en el país, donde las pandillas han intensificado sus ataques contra infraestructuras y aeronaves civiles.
La restricción de vuelos comenzó en noviembre de 2023, después de que tres aviones comerciales fueran alcanzados por disparos mientras aterrizaban en el Aeropuerto Toussaint Louverture. En ese momento, la FAA impuso una prohibición total, que más tarde flexibilizó para permitir vuelos a seis aeropuertos en otras regiones de Haití, pero mantuvo la restricción sobre la capital. Sin embargo, ante el agravamiento de la crisis y el riesgo persistente para la aviación civil, el gobierno estadounidense ha optado por extender la medida.
Las pandillas, que han tomado el control de grandes sectores de Puerto Príncipe, disponen de armas de alto calibre y han atacado tanto aeronaves en vuelo como instalaciones aeroportuarias. En uno de los incidentes más graves, los disparos dañaron aviones y dejaron heridos a miembros de la tripulación. La FAA advirtió que los grupos criminales representan una amenaza directa para las operaciones aéreas, especialmente durante los despegues y aterrizajes.
Haití sumido en la violencia y el caos
The Independent resaltó que Haití atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. Las pandillas expandieron su control en la capital, Puerto Príncipe, hasta alcanzar un dominio estimado del 85% del territorio urbano. La violencia se convirtió en una realidad cotidiana para la población, que enfrenta asesinatos, secuestros, ataques armados y el constante temor a ser víctima de represalias.
El avance de estos grupos criminales no se limita a la capital. Según el experto en derechos humanos de la ONU, William O’Neill, las pandillas han extendido su influencia más allá de Puerto Príncipe, consolidando su poder en otras regiones del país. Sus actividades incluyen el asesinato de civiles, incendios de viviendas, ataques a hospitales, escuelas y lugares de culto. Además, las organizaciones criminales han usado la violencia sexual como un arma para aterrorizar y someter a la población.
Más de un millón de desplazados y una crisis humanitaria sin precedentes
El conflicto provocó un éxodo masivo dentro del país. Se estima que más de un millón de personas han sido desplazadas de sus hogares sin ningún refugio seguro donde establecerse. Muchos han recurrido a campamentos improvisados, donde la escasez de alimentos y agua ha agravado su situación. En estos asentamientos, la inseguridad sigue siendo un problema, con continuos reportes de violencia sexual y abuso contra los más vulnerables.
El hambre se ha convertido en otro problema crítico. Con el país sumido en el caos, el acceso a bienes básicos se ha vuelto extremadamente difícil. Los mercados y las rutas de suministro han sido interrumpidos por los enfrentamientos, y muchas organizaciones humanitarias han visto limitado su trabajo debido a la falta de seguridad.
Un Estado debilitado y sin capacidad de respuesta
Uno de los principales factores que han permitido el avance de las pandillas es la debilidad de las fuerzas de seguridad haitianas. Con una población de 11 millones de personas, el país cuenta con una policía nacional de apenas 9.000 a 10.000 efectivos. En comparación, la vecina República Dominicana, con una población similar, tiene cerca de 50.000 agentes policiales.
NBC News señaló que el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó un punto de inflexión en la crisis del país. Desde entonces, la falta de liderazgo y la ausencia de instituciones fuertes han favorecido el crecimiento de las pandillas, que han llenado el vacío de poder con violencia y extorsión.
La comunidad internacional busca respuestas
Ante la gravedad de la crisis, la ONU y varios países han promovido la creación de una fuerza multinacional liderada por Kenia para ayudar a restaurar el orden. Esta misión, que comenzó a desplegarse en junio, cuenta con aproximadamente 1.000 policías en el país. Sin embargo, O’Neill advierte que esta cifra es insuficiente y propone ampliar el contingente a 2.500 efectivos bien equipados para poder hacer frente a las pandillas.
La falta de recursos ha sido otro obstáculo para la efectividad de esta fuerza. La ONU ha propuesto que su financiamiento provenga de su presupuesto oficial, en lugar de depender únicamente de donaciones voluntarias, lo que permitiría una mayor estabilidad en las operaciones. Entre las necesidades más urgentes se encuentran helicópteros, vehículos blindados, visores nocturnos y chalecos antibalas, elementos clave para enfrentar a grupos criminales fuertemente armados.
Según el análisis de AP, el futuro de Haití dependerá de la efectividad de la fuerza multinacional, del compromiso del gobierno para reformar sus instituciones y de la respuesta de la comunidad internacional. Si las medidas implementadas no logran desmantelar las estructuras criminales y devolver la seguridad a la población, el país corre el riesgo de caer en un ciclo de violencia aún más profundo.
