El informe de Transparencia Internacional muestra retrocesos generalizados y solo dos países con mejoras
Santo Domingo.– El continente americano no mostró avances en la lucha contra la corrupción en 2025, con Venezuela y Nicaragua de nuevo entre los países más corruptos y Estados Unidos en un empeoramiento preocupante, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional publicado este martes.
Los países de la región reciben en el IPC de 2025, en el que la ONG clasifica a 182 países y territorios, una puntuación media de 42 sobre 100, siendo cero la peor (mucha corrupción) y cien la mejor (muy baja corrupción).
Según Transparencia Internacional, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente desde 2012, año en el que se actualizó la metodología del estudio.
Tan solo República Dominicana (con 37 puntos) y Guyana (40) han registrado mejoras, con un avance de un punto cada uno.
“Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad”, señaló la ONG.
En países como México (27), Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, recalcá el informe.
En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), “las democracias más fuertes de América Latina” y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado, añade Transparencia Internacional. Uruguay entre los mejores, Venezuela entre los peores
Los países con puntuaciones más altas son Canadá (75), Uruguay y Barbados (68).
“Estos se encuentran entre las democracias más sólidas de la región, pero su limitado crecimiento (en la puntuación) y sus retrocesos son preocupantes”, señala la ONG.
En el lado opuesto se encuentran Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), caracterizados por altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción estructural.
En el caso de Venezuela, aunque mantiene la misma puntuación que el año anterior, el pobre resultado refleja “años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, lo que disparó la pobreza y la desnutrición”, según el informe.
Fuera de América, por debajo de Venezuela solo se encuentran Somalia y Sudán del Sur, con nueve puntos cada uno. Por su parte, Nicaragua y Haití continúan sumidos en la corrupción, especialmente en los servicios públicos y en las redes criminales arraigadas, con consecuencias graves en la vida cotidiana.
Estados Unidos profundiza el empeoramiento
Estados Unidos, con 64 puntos (un punto menos que el año anterior), alcanzó la puntuación más baja registrada, por lo que profundizó así su tendencia en descenso, según el informe.
La ONG explica que, aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, medidas recientes como “atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial” suscitan gran preocupación.
Además, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) “son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas”, sostiene.
Por otro lado, los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero también han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.
Desde 2015, el país norteamericano ha retrocedido doce puntos, ya que entonces tenía una puntuación de 76.
Impacto en los servicios públicos
El informe subraya que en toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana.
La ONG cita como ejemplo a Perú (30), donde la fiscalía investiga presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios, y a Argentina (36), donde se indaga acerca de una presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad.
A su vez, en varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas, como en El Salvador (32) y Ecuador (33), destaca.
“Las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos y obstruyen sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes”, son otros aspectos que denuncia la ONG.