El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales reconoció que se han encontrado algunas antenas parabólicas en las cárceles, especialmente en La Victoria

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, calificó como una «apreciación individual» la afirmación de que en las cárceles dominicanas los reclusos tienen acceso a teléfonos celulares.

Esta respuesta surgió tras la pregunta de un periodista sobre cuándo finalizarían las acciones que permiten el ingreso de dispositivos electrónicos para los reclusos, dado que la ley prohíbe su uso.

Hernández Basilio reconoció que se han encontrado algunas antenas parabólicas en las cárceles, especialmente en La Victoria. Sin embargo, señaló que cuentan con una Unidad de Control de Delitos Tecnológicos, que cada año lleva a cabo un proceso de desmantelamiento y supervisa de cerca estos casos en todos los centros penitenciarios del país.

Además, recordó el proyecto de bloqueo de señales en las cárceles de la República Dominicana, encabezado por Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuyo objetivo es reducir los delitos cibernéticos que se gestan desde los centros penitenciarios.

Según Gómez Mazara, el plan inicial contempla abrir una licitación antes de finalizar 2024 e implementar el sistema en cuatro cárceles clave del país. Indotel ha asignado un fondo de 300 millones de pesos, en colaboración con la Procuraduría General, para instalar bloqueadores de señal en las prisiones, reforzando así la seguridad en el sistema penitenciario.

Sobre el particular, Roberto Hernández informó que este viernes las autoridades realizarán una visita a la cárcel de Anamuya, en la provincia La Altagracia, para llevar a cabo un levantamiento del sistema de colocación. Esta misma actividad se llevará a cabo en otros centros penitenciarios.

El director de prisiones habló durante la inauguración del Centro de Atención Provisional de Libertad, en la provincia San Pedro de Macorís.

En República Dominicana, la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos por parte de los reclusos está contemplada en la Ley 113-21, que establece el régimen de las cárceles y centros de reclusión.

Esta ley regula las condiciones de detención y establece que los reclusos no deben tener acceso a dispositivos que puedan comprometer la seguridad del sistema penitenciario o facilitar actividades delictivas desde dentro de las cárceles.

Las autoridades incautaron un cargamento de 497 paquetes de  cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, durante labores desarrolladas, en la referida terminal.

Los agentes, militares y miembros del Ministerio Público, de acuerdo con informes de inteligencia, perfilaban decenas de contenedores que serían exportados hacia el puerto de Hamburgo, Alemania, cuando a través de uno de los escáneres, observaron inconsistencias en su interior, procediendo de inmediato a una verificación más rigurosa.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a realizar el protocolo de apertura e inspección del contenedor (cargado de café molido), encontrando dentro 20 bultos de distintos colores, con los 497 paquetes de cocaína.

Las autoridades desarrollan las investigaciones de lugar en relación a la frustrada operación de narcotráfico, para de manera oportuna, ofrecer detalles que permitan tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, apresar a los involucrados en el hecho y ponerlos a disposición de la justicia.

Los organismos investigativos del Ministerio Público y la DNCD han reforzado las estrategias de interdicción conjunta, logrando intervenir importantes cargamentos a las redes redes criminales, que tratan de llevar drogas a Europa y Estados Unidos, camuflados en productos agrícolas y otras modalidades.

“Durante este 2024, la DNCD con apoyo de las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército), la Procuraduría General de la Republica, agencias de Inteligencia del Estado, han confiscado un total de 27, 735 kilogramos (27.7 toneladas) y con la cooperación internacional han decomisado otros, 33, 659 kilogramos, para un consolidado de 60, 897 kilogramos de distintas drogas”

El organismo antinarcóticos quiere resaltar el apoyo de la gerencia del Puerto de Caucedo, quienes ofrecen toda la cooperación para que estas operaciones en contra del tráfico ilícito de drogas, se realicen con el éxito esperado, sin afectar el libre comercio en la terminal.

Los 497 paquetes ocupados   enviados  al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar a través de un análisis el tipo y peso exacto de la sustancia.

Santo Domingo.-Oficiales superiores y subalternos fueron suspendido y permanecen bajo investigación acusados de integrar una red delictiva que operaba al interior de la Policía Nacional, la cual se dedicaba a la extracción irregular de municiones desde los depósitos de la institución, con el fin de venderlas de manera particular.

A través de una investigación liderada por organismos de inteligencia del Estado se identificó a los miembros de esa institución, entre ellos varios coroneles cuyos nombres no fueron revelados, quienes extraían las municiones de los depósitos en violación a los protocolos.

Por tal motivo la intendencia de armas de la Policía Nacional se encuentra intervenida hasta tanto concluyan las investigaciones, cuyos hallazgos fueron remitidos por el Ministerio de Interior y Policía al Ministerio Público para que se inicie el debido proceso legal contra los involucrados.

Una fuente confirmó que representantes del Ministerio Público realizan los levantamientos para instrumentar el caso y someter a la justicia a los implicados.

A través de un comunicado, el Ministerio de Interior y Policía precisó que la investigación refleja la profundidad de la operación y la seriedad con la que el Gobierno aborda este tipo de irregularidades dentro de las instituciones de seguridad pública.

“Esta acción es parte de un compromiso firme con la legalidad y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia en la República Dominicana, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, de acuerdo con el comunicado.

Agrega que con el objetivo de prevenir que actos de esta naturaleza se repitan en el futuro, el Ministerio de Interior y Policía implementará un mecanismo de supervisión conjunta con la uniformada para garantizar un manejo eficiente y seguro del inventario de equipos e insumos.

Esta operación, enfocada en la estructura interna de la Policía Nacional, es un pilar fundamental en el proceso de reforma y transformación institucional que el Gobierno del presidente Luis Abinader está implementando, respondiendo al objetivo de modernizar, transparentar y recuperar la confianza ciudadana.

Hechos

—1— Denuncia
En 2021, el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, denunció una mafia en esa dependencia.
—2— Marzo 2023
Uno de los almacenes de armas de la Policía explotó.

Un grupo de motociclistas que se dedicaban a transportar nacionales haitianos indocumentados en diferentes provincias de la frontera dominico-haitiana, fueron presentados ante el Ministerio Público para que respondan por sus hechos.

En las últimas horas el Ejército de República Dominicana arrestó a siete 7 motociclistas, entre ellos cinco 5 dominicanos y dos 2 haitianos, mientras transportaban a 23 extranjeros con estatus migratorio ilegal.

En el municipio de Comendador, Elías Piña , miembros del ERD detuvieron a Michael García, Luciano De Los Santos y Julio De los Santos Encarnación , quienes se desplazaban en 5 motocicletas con 11 nacionales haitianos, junto a otros conductores que lograron escapar dejando abandonados sus respectivos vehículos.

En Dajabón una patrulla militar, de servicio en el destacamento Santa María, apresó a José Juan Rodríguez el cual se trasladaba junto a otro motociclista, a 6 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.
Mientras que en Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana , fueron detenidos en la comunidad de Cocinera 5 nacionales haitianos que se desplazaban en 2 motocicletas conducidas por otros 2 haitianos indocumentados.

Y en el municipio de Duvergé, provincia Independencia, el dominicano Juan Enmanuel Vólquez Pérez fue detenido en el puesto de chequeo El Indio, en una motocicleta con una 1 nacional haitiana sin documentación.

Diariamente el Ejército realiza detenciones de personas que transportan a nacionales haitianos indocumentados en motocicletas y otros vehículos. La institución informó que continuará enviando a la justicia a los que se dediquen a esa práctica ilegal.

Medida que, según el abogado Manuel Mateo Calderón, violenta los artículos 40 y 44 de la Constitución Dominicana, así como el principio de ejercicio normativo del poder.

Santo Domingo.- El Ministerio de Administración Pública (MAP), emitió la circular 018031, en la que instruye a los órganos del Estado solicitar sus empleados, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, las facturas del pago de servicios como la luz y el agua.

De acuerdo con ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, el objetivo principal de la circular es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, «en virtud de la necesidad de la existencia de orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta ciudadana y levantar información para diversas planificaciones y proyectos».

Medida que, según el abogado Manuel Mateo Calderón, violenta los artículos 40 y 44 de la Constitución Dominicana, así como el principio de ejercicio normativo del poder.

«Esa medida del Ministerio de Administración Administración Pública, violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 40 numeral 15 de la Constitución de la República, en el sentido de que ‘a nadie se le puede pedir hacer lo que la ley no manda ni impedirle lo que la ley no prohíbe‘. Es decir, no existe ninguna norma jurídica que obligue a un servidor público a suministrar ese tipo de información», expresó el jurista.

El referido artículo agrega que «la ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica».

Mateo precisó que esta disposición también violenta el artículo 44 de la Carta Magna, que establece el derecho a la intimidad, «el cual se violenta cuando se le exige al empleado indicar a nombre de quien se encuentran registrados los servicios de energía eléctrica y agua potable cuando no se encuentren registrados a su nombre».

Agregó que «también esa decisión es contraria al Principio de ejercicio normativo del poder, que indica que ‘la administración pública ejercerá sus competencias y facultades dentro del marco de la ley’. Artículo 3 numeral 10 de la Ley 107-13».

 

Las cifras dadas a conocer por el ente migratorio se dividen en dos partes: los que fueron “deportados” o “repatriados”. Ambos conceptos tienen sus diferencias.

Al menos 37,985 haitianos en estatus irregular han sido reconducidos a su país de origen desde que inició la jornada masiva de repatriación, el 3 de octubre hasta ayer, martes, informó a Listín Diario la Dirección General de Migración.

Las cifras del ente migratorio se dividen en dos partes: los que fueron “deportados” o “repatriados”. Ambos conceptos son distintos. El haitiano que ha sido deportado a Haití fue sometido a un proceso de depuración por las autoridades migratorias, quienes le toman las huellas dactilares y sus datos.

Mientras, los repatriados son aquellos que fueron detenidos por un guardia fronterizo o un agente de migración “sin documentos”, y son enviados directamente a su país. A este grupo no se le toma su dato ni su huella.

Según los datos de la DGM, la cifra de haitianos que fueron deportados ha ascendido a 23,745; y de los que fueron repatriados a 14,240, para un total de 37, 985 haitianos.

LAS CIFRAS

En términos generales, desde enero hasta octubre, Migración ha reconducido a 220,189 haitianos indocumentados. Al observar los datos, octubre ha sido el mes con más migrantes reconducidos, con un margen de diferencia importante, frente a los otros meses.

De acuerdo con fuentes de la institución, el operativo de repatriación “a gran escala” llegará a cumplir su meta de repatriar 10,000 haitianos a la semana en el primer mes.

EJéRCITO DETIENE HAITIANOS

Miembros del Ejército detuvieron a un grupo de 34 haitianos indocumentados, que estaban ocultos en una zona boscosa situada en el sector Cajuil Blanco del municipio Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana.

“Los extranjeros indocumentados, entre ellos 30 hombres y 4 mujeres, serían transportados en motocicletas desde donde permanecían escondidos”, explicó el Ejército.

En Pedernales, también detuvieron a otro grupo de 24 haitianos que iban a bordo de dos camiones. Los conductores también fueron arrestados. El hecho ocurrió en el puesto de chequeo Cabo Rojo.

LAS DIFERENCIAS

Repatriación y deportación son dos términos que aunque parecen decir lo mismo no significan lo mismo, sobre todo en el actual contexto de aplicación de las leyes migratorias a todos los extranjeros que viven o están ilegalmente en el país.

La más reciente versión del Diccionario de la Lengua Española, la vigésimo tercera en tres siglos, ofrece estas definiciones: Repatriación: acción y efecto de repatriar. Y repatriar, del latin tardío repatriáre “volver a la patria”, devolver algo o a alguien a su patria. Y el Larousse ilustrado de 2010 explica que, en derecho internacional, significa “devolución de un extranjero al país de origen o canje de esa persona con su patria”.

La empresa creó la página «Anfitriones responsables en RD»

Se trata de una guía de orientación para pago de Itbis e ISR

Airbnb, la plataforma internacional de alquileres a corto plazo, lanzó ayer un apartado en su sitio web titulado «Anfitriones responsables en República Dominicana».

Con esta iniciativa, Airbnb reafirma su postura de que los anfitriones sean los responsables de cumplir con las obligaciones fiscales asociadas a las reservas realizadas en la plataforma.

Desde hace varios meses, el gobierno dominicano ha sostenido conversaciones con Airbnb, buscando que la empresa retenga gravámenes como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las transacciones realizadas a través de su plataforma.

Cabe señalar que el proyecto de ley de modernización tributaria, que no fue aprobado, proponía que plataformas digitales asumieran el cobro de estos impuestos a favor del Estado.

Hace unas tres semanas, Carlos Muñoz, encargado de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Airbnb, visitó el país para reunirse con las autoridades fiscales.

«Los impuestos son un tema complejo, y las obligaciones fiscales de cada anfitrión dependen de sus circunstancias específicas. Por ello, recomendamos que cada anfitrión investigue sus responsabilidades fiscales o consulte a un asesor fiscal profesional», manifestó Airbnb en la nueva sección de su página web.

Para empresas como aerolíneas, agencias de viaje e incluso la tienda en línea Amazon, la retención de impuestos es una práctica común.

Airbnb realiza estas retenciones en otros países, pero, hasta el momento, no asume esta responsabilidad en República Dominicana.

En su sitio web, Airbnb resume las obligaciones fiscales de los propietarios que alquilan inmuebles a través de su plataforma, incentivándolos a cumplir individualmente con el pago de impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La empresa enfatiza que esta guía es «un punto de partida» para los anfitriones y que sus fines son meramente informativos, sin constituir asesoría legal o fiscal.

¿Qué dice sobre el ITBIS y el ISR?

Airbnb detalla que cualquier persona que alquile un inmueble para estancias de corta duración es responsable de entender y cumplir con el ISR y el ITBIS, según corresponda a sus ingresos y servicios.

La guía menciona que la tasa del ITBIS para alquileres es del 18 % y señala que, en general, los anfitriones deben incluir este impuesto en las facturas que emitan a los huéspedes.

Además, destaca la probable necesidad de registrarse en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) para emitir dichas facturas.

En cuanto al ISR, la guía explica que la tasa a pagar a la DGII dependerá del rango de ingresos anuales del anfitrión.

Asimismo, se establece la obligación de hacer pagos mensuales anticipados, equivalentes a una doceava parte del ISR del año fiscal anterior, y de presentar una declaración anual de este impuesto antes del 31 de marzo del siguiente año.

Para las empresas

En el caso de personas jurídicas, Airbnb informa que deben pagar el ITBIS del 18 % y el ISR del 27 %, independientemente de su tamaño.

Las empresas también están sujetas a pagos anticipados y a una tasa del 1 % sobre su patrimonio, calculada en función de los bienes que aparecen en su balance, incluidos los inmuebles.

La guía no es nueva

La guía «Consideraciones fiscales relacionadas con compartir espacios de alojamiento de corta duración» fue preparada por un bufete de abogados independiente para la plataforma Airbnb en febrero de 2024, y desde esta semana forma parte de la nueva sección de la plataforma, con el objetivo de «facilitar que los anfitriones cumplan con sus obligaciones fiscales«.

¿Regulación?

En una entrevista, Carlos Muñoz expresó a Diario Libre que la retención de impuestos «no funciona» para negocios digitales como Airbnb, cuya personalidad jurídica está constituida fuera de República Dominicana.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) solicitó tiempo adicional para analizar la información proporcionada por Airbnb antes de emitir una valoración.

Diario Libre también consultó a la DGII y al Ministerio de Turismo, buscando una reacción a la nueva sección instalada en la página web de Airbnb, pero al cierre de esta edición, ninguna de las dos instituciones había emitido una respuesta.

SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fijó la tasa de cambio del peso dominicano respecto al dólar estadounidense para hoy, de la siguiente manera:

Compra: RD$59.99.

Venta: RD$60.24.

El Banreservas posee el cambio del dólar para hoy, de la siguiente manera:

Puerto Plata-. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata fijó para el próximo 12 de diciembre el inicio del juicio contra el pelotero Wander Franco Aybar por abuso psicológico y sexual en perjuicio de una adolescente, y en contra de la madre de la víctima, por explotación sexual y lavado de activos.

El tribunal convocó al Ministerio Público a la audiencia que será celebrada el 12 de diciembre de 2024, a partir de las 9:00 de la mañana, en la sala de audiencias 2, de la jurisdicción penal.

En el proceso de este caso, los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y José Martínez Montán, de la Fiscalía de Puerto Plata, han destacado la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público, con la cual lograron el envío a juicio de los encartados el pasado 26 de septiembre.

Reiteraron que se trata de una acusación firme y que las pruebas que la sustentan vinculan estrechamente a los acusados con la tipología descrita en el expediente.

Los acusados enfrentan cargos por abuso contra niños, niñas y adolescentes, en violación al artículo 396, literal B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como por violación a las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y por asociación de malhechores, en violación de los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal Dominicano.