Categoría: Politica

SANTO DOMINGO.- El senador Antonio Marte declaró que las fortunas de los funcionarios no deberían hacerse públicas debido a «los niveles de inseguridad y pobreza que vive la República Dominicana».

Durante un turno en la sesión de la Cámara Alta, el representante de Santiago Rodríguez expresó que eso podría causar que sus parientes, o ellos mismos, sean víctimas de secuestro.

«Con esta necesidad que tiene este país, esta miseria y esta delincuencia, nos prestamos a un peligro. ¿Quién va a reponer el daño que les puedan causar? manifestó el legislador y empresario del transporte.

UN SENADOR NO VALE UNA GUAYABA PODRÍA

«Yo quisiera, coño -excúseme la palabra- renunciar a esta maldita vaina. Yo no sabía que aquí un senador no vale una guayaba podría», expresó.

Dijo que hay personas más ricas que cualquiera de los funcionarios y no se publica su fortuna en los periódicos. En su caso, mencionó que trabaja desde los 17 años y que nunca ha robado, «para que alguien tenga que saber que tiene diez pesos».

PEDIRA PROTECCION PARA EL Y SU FAMILIA

El legislador manifestó que tendrá que pedir a los organismos de seguridad del Estado protección para él y su familia.

Marte reaccionó de esta forma a publicaciones de medios de comunicación de las fortunas de miembros del Senado y funcionarios del gobierno.

NUEVA YORK.- Las cancelaciones entre dirigentes y miembros de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM-NY) en esta ciudad continúan en el Consulado Dominicano y la Dirección de Cultura.

Después que el cónsul Jesús -Chú- Vásquez cancelara la semana pasada 13 empleados en la sede consular, entre dirigentes y miembros del partido de gobierno, se han producido otras en la misma dependencia contra los presidentes y secretarios generales en los diferentes condados.

Un documento de prensa que entregara una fuente de entero crédito a este reportero, señala que los desvinculados que fungían como auxiliares consulares con US$2,000.00 de sueldo mensual les fueron rebajados US$1,000.00, sin explicar las causas.

Entre los cancelados figuran Dulce Collado y Franklin Trinidad, presidenta y secretario general de Manhattan Sur; Roberto Florimón, secretario general en Manhattan Norte; Radhamés Abreu y Juan Cepeda, presidente y secretario general en Haverstraw; Víctor Guaba, presidente de Queens; Radhamés Guzmán, presidente en Brooklyn.

Algunos de ellos aceptaron y otros no, quedando fuera de nómina, sostiene la fuente.

Los cesanteados la semana pasada fueron José Tapia, Cándido Gutiérrez, Erasmo Chalas, Ana Mercedes Burgos, Agustín Ogando, Darío Abreu, Ambiorix Hernández, Luis Núñez, Ramon Chacón, Manuel Domínguez, Juan Cordero, Ángel Mambrú (Peñita) y Henry Quirico. Se informó que las cancelaciones continuarán.

En la Dirección de Cultura NY, dirigida por Reynaldo Andújar, profesor universitario en Chicago y sin afiliación política alguna conocida, con un presupuesto mensual del Ministerio de Cultura de $56,750 dólares para el pago de 27 empleados y el local ubicado en el Alto Manhattan, ha cancelado los dirigentes del partido Juan Gálvez de Jesús, diseñador gráfico-enlace cultural de Brooklyn; Marisol Calderón Reyes, analista de recursos humanos, y Milagros Durán, conserje.

De Jesús, Calderón Reyes y Durán sostienen que fueron cancelados porque Andújar le dio 48 horas para que firmaran un documento aceptando rebaja salarial (como a otros empleados), notificándole que consultarían con el partido por haberlo recomendado para Cultura, pero el director proclamó que ni Yulín, Sánchez ni el partido podía cambiarle su decisión y si no firmaban quedaban despedidos.

En carta dirigida al presidente de la seccional y vicecónsul en NY, Julio C. Mateo (Yulín), y a John Sánchez, secretario general y director de INDEX-NY, entre otras cosas los desvinculados exponen:

“El director de Cultura-NY de forma abusiva y arbitraria nos despidió de Cultura bajo el señalamiento de “desacato y desobediencia” por no firmarle un documento proponiendo rebaja salarial. Se despiden solicitándoles su solidaridad y apoyo”. La misiva tiene fecha del 16 de septiembre pasado, pero el partido no ha hecho nada por el momento, se dijo. Se informó que las cancelaciones continuarán.

Por su parte, Calderón Reyes sostiene que Andújar hace estos ajustes para entrar personas cercanas a él, habiendo nombrado ya 5, entre ellas a Ana Kenia Mora y su hijo Keuri Apolinar Castillo; a Darío Tejeda, Gabriel de Jesús Castillo Campuzano y Kilia Soranlly Llano García, entre otros.

Señalaron que, entre los protegidos de Andújar, sin ser del partido o advenedizos, figuran Germán Batista, Samaria de la Cruz, Antonio Brito, Miguel Aníbal Perdomo y David de la Cruz, devengando salario de miles de dólares al mes.

La semana que concluye ha sido de renuncias en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la salida de un miembro del Comité Político, varios del Comité Central, así como un diputado y un alcalde.

El diputado e hijo de Carlos Amarante Baret, Carlos Alberto Amamante, se sumó ayer a la cadena de renuncias que han seguido desde la expulsión del exmiembro del Comité Político el pasado sábado.

“Me he preguntado lo si las decisiones políticas de mi padre a favor del compañero Danilo Medina han sido recíprocas hacia él, es la respuesta del nueve y el seis, cada quien juzgará a su conveniencia, pero la realidad es que en 2007 era el único del comité político que apoya a Danilo frente a Leonel decisión que le costó la no participación en la administración pública de 2008-2012; mi padre le fue leal, le fue tan leal que recorrió el país promoviendo las ejecutorias de Danilo Medina en 2013, nada más leal; le fue tan leal que creyó junto a otros compañeros que aspiraban a ser presidentes de la República en 2018, cuando les dijo salgan a conquistar las bases, vaya sorpresas, tenía su carta bajo la manga”, expuso el legislador al anunciar su renuncia en un video colgado en las redes sociales.

Con la salida de Carlos Alberto Amarante, el PLD se queda con solo 11 diputados en su bancada, de 12 que logró en las elecciones de mayo. Antes, el pasado miércoles renunció Domingo Contreras, miembro del Comité Política y excandidato a la alcaldía del Distrito Nacional en 2020 y 2024.

“En lugar de fortalecerse tras el noveno congreso y la consulta, el partido continuó debilitándose, resistiéndose a construir un frente opositor sólido. Como resultado, pasó de más de dos millones de votos en 2016 a apenas cuatrocientos mil en las últimas elecciones, al no reconocer la necesidad de un liderazgo renovado y una agenda común opositora”, manifestó en la carta de renuncia.

El alcalde de Jamao al Norte, Jairo Morillo Arvelo, renunció en protesta por la expulsión de Amarante Baret, y lo propio hicieron José García, José Fabelo, ambos del Comité Central.

También abandonaron al PLD, Winston Juma, quien fuera presidente del PLD en Espaillat; Vladimir Céspedes, presidente en Puerto Plata; José Antonio Castillo, presidente municipal en Villa Isabela y Jorge Espaillat, del municipio de Sosúa.

Todos esos dirigentes también son miembros del Comité Central del partido de oposición y en sus cartas de renuncia criticaron el accionar de las autoridades de la organización ante el contexto político.

El PLD escogerá este mes nuevas autoridades

El X Congreso del PLD iniciará este mes la segunda fase, luego de aprobadas las resoluciones sobre los temas que fueron discutidos en la primera etapa. La plenaria se realizó vía virtual durante cuatro días. El PLD tiene en agenda escoger las nuevas autoridades iniciando al final de este mes y concluir a inicios de noviembre. Por la presidencia compiten Danilo Medina, actual presidente y líder y Francisco Domínguez Brito.

DISTRITO NACIONAL.– Francisco Domínguez Brito, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha entregado una comunicación formal a la Comisión Organizadora del Congreso Reinaldo Pared Pérez, en la que reafirma su interés en aspirar a la presidencia del partido.

Francisco Domínguez Brito subraya la importancia de que el proceso se realice conforme a las normas internas del partido y a las disposiciones del congreso, y propone una serie de medidas concretas para asegurar que los comicios se lleven a cabo de manera justa y ordenada. Entre sus sugerencias destacan:

1. Creación de un reglamento electoral: Domínguez Brito plantea la necesidad de establecer un reglamento que defina los procedimientos de votación, proponiendo la posibilidad de utilizar el voto manual o cotejar el voto electrónico.
2. Revisión del padrón electoral: Propone una revisión exhaustiva del padrón, con el objetivo de asegurar que solo los miembros con derecho estatutario puedan votar.
3. Acompañamiento de los candidatos en el proceso electoral: Sugiere que un representante de cada candidatura esté presente tanto en la recepción de los miembros del Comité Central con derecho a voto, como en el conteo de los sufragios.
4. Discurso motivacional previo a la elección: Aboga por que se establezcan mecanismos para que los aspirantes puedan ofrecer discursos motivacionales en los tiempos adecuados antes de la elección, permitiendo así un mayor contacto con los votantes.

“Con estas propuestas buscamos fortalecer la institucionalidad, transparencia y democracia dentro del PLD, asegurando un proceso electoral que refleje de manera fiel la voluntad de nuestra militancia”, expresó Francisco Domínguez Brito en su misiva.

Finalmente, Francisco agradeció a la Comisión Organizadora del X Congreso del PLD, encabezada por Cristina Lizardo, por recibirle y ponderar las sugerencias planteadas en el documento entregado.

Francisco estuvo acompañado por el regidor y miembro del Comité Central Jorge Feliz Pacheco, Chanel Rosa, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Guarocuya Felix, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), así como también por los miembros del Comité Central Alejandro Jaquez y Francis Cuevas.

Leonel Fernández denunció ayer que desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la empresa que administra el servicio de semáforos de Santo Domingo Transcore Latam, opera una red de corrupción y espionaje a teléfonos móviles.

El exmandatario denunció que, a pesar de la anulación del contrato de Transcore Latam en 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a graves irregularidades, la empresa continuó operando bajo circunstancias poco claras, lo que ha derivado en serios problemas de gestión, como el apagón de la red semafórica en el Distrito Nacional.

“Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad”, afirmó Fernández al retomar los encuentros semanales con la prensa denominada “La voz del Pueblo’.

Fernández también señaló que algunas de las intersecciones con cámaras, como las avenidas Winston Churchill, supuestamente están conectadas con redes privadas de fibra óptica que podrían estar facilitando la transferencia de datos personales hacia manos de empresas no reguladas en el país.

Esta situación, dijo, expone a los ciudadanos a un riesgo mayor, pues los dispositivos podrían ser utilizados para vigilar a la población en general, incluso a altos funcionarios del Gobierno.

Además, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) recordó que en 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el Intrant, las cuales podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica que calificó como “flagrante violación” de la privacidad. “¿Qué tipo de operaciones clandestinas se están llevando a cabo bajo el amparo del Estado? Esto es un asunto de seguridad nacional”, afirmó con preocupación el líder político.

Fernández también puso en el centro del debate la posibilidad de que esta misma red de vigilancia pudiera estar involucrada en futuros proyectos estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, consideró que la propuesta de fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior Ciencia y Tecnología, presentada por el Gobierno este lunes, es «imprudente e incorrecta en la actual coyuntura».

El dirigente opositor  declaró que sustenta su consideración en el hecho de que ambas entidades gubernamentales tienen roles muy diferentes y realidades muy complejas, ya que una opera y la otra regula.

LA FIEBRE NO ESTA EN LA SABANA

“Esos cambios propuestos siguen siendo cosméticos, la fiebre no está en la sábana”, escribió el también ex ministro de Trabajo en su cuenta X (antes twitter).

Domínguez Brito deploró, asimismo, la incapacidad que atribuye a las actuales autoridades para la eficiente ejecución del presupuesto y su falta de destreza para producir cambios sustanciales en la calidad de la educación.

Señaló que lo que parece buscar el gobierno y los proponentes de la referida  fusión es reducir el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) establecido  desde hace más de ocho años.

“El Ministerio de Educación merece más atención.  No ejecutan el presupuesto, ni se animan a cambios substanciales en la calidad de educación.  Parece lo que se quiere es reducir el cuatro por ciento del PIB establecido”, resaltó Domínguez Brito.

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, retomó este lunes sus encuentros «La Voz del Pueblo», donde ofreció contundentes declaraciones sobre la situación actual del país y advirtió sobre graves riesgos para la seguridad nacional y los derechos de privacidad de los ciudadanos.

Desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández abordó el polémico caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam.

Denunció que, a pesar de la anulación del contrato de Transcore Latam en 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), debido a graves irregularidades, la empresa continuó operando bajo circunstancias poco claras, lo que ha derivado en serios problemas de gestión, como el apagón de la red semafórica en el Distrito Nacional.

Cuestionó «de qué manera una compañía inhabilitada pudo recibir pagos y mantener control sobre una infraestructura crítica, como las cámaras de vigilancia instaladas en diversas intersecciones de la ciudad, algunas incluso en áreas sensibles como el Palacio Nacional». «¿Por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles?», preguntó.

Fernández alertó sobre las posibles implicaciones de este caso en la privacidad de los dominicanos, destacando que las cámaras instaladas podrían estar realizando espionaje masivo. «Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad», expresó Fernández, citando el artículo 44 de la Constitución que garantiza la intimidad y el honor de las personas.

Señaló que algunas de las intersecciones con cámaras, como las avenidas Winston Churchill, están conectadas con redes privadas de fibra óptica que podrían estar facilitando la transferencia de datos personales hacia manos de empresas no reguladas. Esta situación, dijo, expone a los ciudadanos a un riesgo mayor, pues los dispositivos podrían ser utilizados para vigilar a la población en general, incluyendo a altos funcionarios del gobierno.

Recordó que en 2024 se descubrieron emisiones de radiofrecuencias no autorizadas desde edificios controlados por el INTRANT, las cuales podrían estar siendo utilizadas para identificar la ubicación de las personas a través de sus teléfonos móviles, una práctica que calificó como: “flagrante violación” de la privacidad. “¿Qué tipo de operaciones clandestinas se están llevando a cabo bajo el amparo del Estado? Esto es un asunto de seguridad nacional”, afirmó con preocupación.

También puso en el centro del debate la posibilidad de que esta misma red de vigilancia pudiera estar involucrada en futuros proyectos estatales, como la renovación de la cédula de identidad o la implementación del pasaporte biométrico electrónico. «No podemos permitir que empresas con antecedentes tan oscuros manejen información tan sensible», sostuvo, aludiendo a los riesgos que esto implicaría para la integridad del proceso electoral y la seguridad personal de los ciudadanos.

PIDE «RESPUESTAS CLARAS»

Fernández instó al gobierno a dar respuestas contundentes sobre este escándalo, que además de evidenciar corrupción, representa un riesgo para la seguridad nacional. «No podemos permitir que se juegue con la privacidad de nuestra gente y que el Estado delegue en empresas privadas tareas que solo le competen al gobierno», afirmó.

SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, pidió a esa organización fijar su posición respecto a la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral para el período 2024-2028.

El también miembro del Comité Político consideró que se trata de un tema relevante de la agenda nacional que la dirección peledeísta no debe pasar por alto.

Dijo que en lo particular es de opinión que en la escogencia de los nuevos funcionarios electorales por parte del Senado de la República lo que deben primar son los criterios de capacidad e integridad moral.

Refirió no tiene nada en contra los actuales miembros del órgano electoral, “pero llamo a la atención en el sentido de que durante el proceso del año 2020 ni siquiera se escuchó la posición del bloque de senadores del PLD de entonces”.

“Recuerdo que hace cuatro años los miembros de la comisión de senadores pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno fueron a visitar al Palacio Nacional y de allá retornaron al Senado de la República para anunciar los designados como titulares y suplentes de la Junta Central Electoral”, expresó.

García dijo que lo importante radica en que en esta ocasión la comisión evalúe los expedientes y realice las entrevistas para determinar quiénes reúnes adecuadamente las condiciones de capacidad e integridad moral.

Fortaleciendo sus aspiraciones

El estratega político continuó sus reuniones provinciales con la dirección del PLD de diferentes demarcaciones y durante el fin de semana visitó las provincias Barahona, San Juan y Elías Piña.

Aseguró que no solo ganará la candidatura en la boleta del PLD, sino que se convertirá en el próximo Presidente de la República, con el voto mayoritario del pueblo dominicano.

Dijo que se prepara para dar soluciones adecuadas a problemas graves como el de los apagones, la inseguridad ciudadana y las deficiencias en el servicio hospitalario.

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, junto a otros altos funcionarios firmaron el Compromiso por el Gobierno Ético el 22 de agosto, una acción similar a la asumida por el entonces presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño el 22 de agosto de 2012.

El documento firmado por los funcionarios del actual gobierno se denomina “Compromiso ético de los altos funcionarios con la sociedad dominicana y el presidente Luis Abinader”.

En el transcurso de la pasada semana algunos funcionarios publicaron el momento de la firma de dicho documento en la Dirección Ética e Integridad Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch. El comunicado contiene diez puntos.

En tanto, la acción similar del pasado gobierno de Medina los funcionarios, lo firmaron bajo la denominación “Código de Pautas Éticas” también bajo la responsabilidad de la Dirección de Ética que para entonces encabezaba el fallecido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Joaquín Bidó Medina. El documento contiene 18 puntos.

Al igual que los funcionarios del presente gobierno, en la gestión de Medina los funcionarios se comprometieron a evitar la “participación personal de los servicios públicos bajo mi responsabilidad en los asuntos donde puedan existir conflictos de intereses suyos o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad”. Durante el gobierno de Medina también se promovió la creación de veeduría de las instituciones públicas con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

En el punto 16 del documento firmado durante la primera gestión de Medina se establece que se actuaría con eficacia a fin de evitar “situaciones donde exista sospecha de ilegalidad o donde haya indicios de abusos de poder o resulte la situación carente de transparencia que debería acompañar todo acto del Gobierno, reconociendo el deber de denunciar ante la autoridad competente en caso de que ocurra uno de los supuestos”.

El compromiso ético asumido por el actual gobierno tiene algunas similitudes con los enunciados del documento firmado en la gestión de Medina en 2012.

Por ejemplo, el numeral ocho del comunicado del Gobierno establece: “Cumpliendo con los principios del buen gobierno, y la buena administración, dispuestos siempre a colocar el interés general por encima de los intereses partidarios, grupales y familiares, así como evitar incurrir en conflictos por causa de estos”.

El punto cinco del compromiso asumido por la actual administración afirma, al igual que lo hizo la anterior gestión, que ante posibles actos de corrupción procederá la denuncia ante las autoridades competentes.

“Evitar los actos de corrupción…evitando que el incumplimiento de las normas de administración pública, sea desconocida otorgando la debida protección al denunciante y al testigo que nos advierte o denuncien actos contrarios a los principios que rigen este compromiso ético”, apunta la publicación.

Igualmente, se comprometen a proteger los intereses del Estado “ejecutando correctamente el presupuesto asignado de manera eficiente y eficaz, mediante el logro de los objetivos perseguidos y no incurrir en conflictos de intereses”.

El compromiso ético abarca diez puntos entre los que resalta el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública “de cuyo cumplimiento asumimos de manera directa desde el primer trimestre de este 2024”.

Abinader ha basado sus gobiernos en la ética

Según el documento publicado ayer en espacio pagado, los funcionarios hicieron el compromiso desde la primera reunión del Consejo de Gobierno. “Antes de entregar este compromiso ético permítanos enviar nuestro reconocimiento y gratitud a quienes con su voto hicieron posible que mayorías y minorías desde el territorio o desde otras naciones, dominicanos y dominicanas, que siguen con fe el destino de la patria hicieron posible la aprobación de una nueva gestión de gobierno al ciudadano presidente Luis Abinader”, expone el documento. Los funcionarios firmantes también expresaron gratitud a “quienes acompañaron al presidente en el difícil periodo de pandemia, de carestía y lucha por la salud actuando con transparencia, integridad y cumplimiento normativo y prevención. El presidente Abinader ha basado su propuesta de transparencia y ética en la administración pública en la independencia de algunos órganos como la Cámara de Cuentas y la Procuraduría General de la República. A mediados de la pasada gestión, la Contraloría publicó las irregularidades de algunas instituciones en los procesos de contratación lo cual fue calificado como de “faltas no graves y subsanables” por la Dirección de Ética.

La reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader busca que los diputados sean 153 y no 190

Al revuelo por la reducción de diputados, las contrapropuestas y los ataques a lo interno del Congreso se suma un nuevo planteamiento: la ejecución de estudios y análisis de conteo que determinen la viabilidad de recortar la cantidad de legisladores en la cámara baja.

El proyecto, que busca declarar la necesidad de una reforma constitucional, establece que la Cámara de Diputados debe trabajar solo con 137 diputados, en vez de los 190 que operan actualmente. Desde que se presentó el proyecto en el Senado, los congresistas, principalmente del partido gobernante, han rechazado tajantemente la propuesta e impulsan cambios para que sólo sean eliminados 15 diputados y no 53.

Sin embargo, este lunes surgió una nueva propuesta que fue respaldada por varios diputados y por el propio presidente del Senado, Ricardo de los Santos. El planteamiento consiste en hacer análisis previos, estudios y conteos de población que determinen si es necesaria la reducción de los diputados.

La diputada Olfanny Méndez, quien es la vicepresidenta de la comisión bicameral que analiza la pieza, argumentó que el proyecto para reducir a los diputados «no se puede tomar a la ligera» y recomendó a los congresistas que, al estudiar la iniciativa, «no se monten en una ola de populismo».

En ese sentido, la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que cualquier cambio en la matrícula de la Cámara de Diputados debe enfocarse en el beneficio de la población y no tanto en la disminución del gasto ya que, como dijo, la cámara baja ha funcionado «de forma correcta» con 190 legisladores.

El diputado Aníbal Díaz, también del PRM, expresó que antes de establecer una reducción en la matrícula de los legisladores se deben definir varios criterios como la escogencia de los congresistas en las elecciones o la densidad demográfica de cada población, por lo que instó a que la propuesta sea analizada con pinzas en la comisión bicameral.

«Estamos de acuerdo con la propuesta, pero vamos a adecuarla para ver a cuáles provincias se les quitan diputados, por lo que tendríamos que ponernos de acuerdo para reformular el tema», sostuvo Díaz.

En el Senado también piden mejor análisis

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, propuso este lunes que antes de considerar la disminución, el Poder Legislativo haga un «análisis profundo y de conteo» que determine el impacto de la rebaja.

El senador de la provincia Sánchez Ramírez expresó que un estudio profundo podría dar una respuesta más clara sobre cómo se deben reducir a los diputados y en cuáles comunidades específicas se aplicaría la disminución.

«A diferencia de nosotros los senadores, el diputado se elige por la densidad poblacional de cada provincia, entonces, antes de reducirlos se hace necesario un análisis profundo para ver dónde se pudiera hacer la reducción«, sostuvo De los Santos.

Aún sin consenso

Aunque el tema de la reducción de diputados ya lleva varias semanas en el Congreso Nacional, los legisladores de todos los partidos aún no encuentran un punto medio sobre el tema. Su actitud es de rechazo y de cambios y, de hecho, han sugerido que solo se eliminen 15 diputados, no los 53 que propone el presidente Abinader.