Al referirse al remozamiento de estaciones policiales dijo “no sé cuántas arreglaron ellos, ni cuántas conectaron”
SANTO DOMINGO.- La ministra de Interior Y Policía, Faride Raful, respondió este lunes las críticas del partido Fuerza del Pueblo sobre las políticas de seguridad del Gobierno y supuestas falsedades en la presentación de las estadísticas de los homicidios que ocurren en el país.
Durante la acostumbrada rueda de prensa de Fuerza de Tarea Conjunta, Raful aseguró que “la oposición lo que hace es eso”, pero destacó que los fallecidos y causas son debidamente documentados y que “no tenemos nada que ocultar”.
Resaltó que, por primera vez en República Dominicana, se han establecido protocolos nuevos donde el acta de levantamiento de cadáver se hace de manera unificada y única, consultando con todos los departamentos especializados de la Policía Nacional.
“Desde hace seis meses, la ministra de Interior y Policía», enfatizó Raful, «se sienta en una mesa de datos encabezada por ella misma, hablo en tercera persona, todos los departamentos de la Policía, Dicrim (Dirección de Investigaciones Criminales), Inacif, Procuraduría, Policía Científica y el Observatorio de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos dimos cuenta que muchas veces faltaban algunos datos que tenían que ser sistematizados y unificados”, explicó la ministra.
La funcionaria manifestó que, a través del nuevo protocolo, se logró y logramos por fin, a través de un protocolo nuevo, poder desarrollar una tasa de homicidio unificada, donde no haya diferencia entre el reporte que hace Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), el que llega a planificación de la Policía y el que llega al Dicrim, sino que sea único.
Aseguró que la tasa de homicidio con la que cerró el año pasado y se ratificó en el Observatorio de Seguridad Ciudadana “es la que es”, y los fallecidos están debidamente identificados y sus causas también por todas las entidades del sistema que intervienen.
“No tenemos nada que ocultar, y mucho menos pretender jugar con la tragedia o el dolor de las familias dominicanas, que son las que tienen que enterrar a esas personas que tienen nombres y apellidos, y que son más que una estadística”, agregó.
Enfatizó que por primera vez se presenta una tasa unificada, porque un solo homicidio es un drama y un desafío constantes para todos en materia de seguridad.
Dijo que en el Caribe, República Dominicana es el país más seguro respecto a la tasa actual, mientras que en América Latina está en los primeros tres lugares de la lista, por lo que “seguiremos trabajando”.
Ante el cuestionamiento de la oposición sobre los trabajos que se realizan a las estaciones policiales, Raful indicó que no sabe “cuántas arreglaron ellos ni tampoco cuántas conectaron en los años que gobernaron República Dominicana”, pero que lo sí sabe es que en este momento, con este proceso de reforma, lo primero que se hizo fue un diagnóstico para determinar cuáles estaciones de policía necesitaban ser intervenidas.
“En ese diagnóstico, 500 tenían que ser intervenidas, y hasta el momento, ahora en el mes de marzo del año 2026, que se inició ese proceso, se va a inaugurar la número 100, que ha sido remozada o reconstruida, algunas en alianza público-privada también, por primera vez». Expresó.
Explicó la ministra que como muestra «ahí están las estaciones que hablan por sí solas de cómo se han remozado, con criterios específicos en el proceso de transformación; que involucra incluso espacios para agentes policiales femeninas, que tampoco existían en República Dominicana”.
En cuanto a la conectividad, expresó que también el proceso de transformación de la Policía Nacional, desde hace tres años, inició un acuerdo con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), parte de esa conexión en las principales estaciones y que no se ha hecho en todas partes “porque es un proceso”.
Faride Raful destacó una reducción en la criminalidad a través de desmantelar bandas delictivas dedicadas principalmente al robo de celulares, motocicletas y contadores eléctricos; incluyendo la persecución de metaleras que se dedican a la compra de cobre robado.