Por: Sandrine Exil
PUERTO PRÍNCIPE.- Desde junio de 2024, soldados kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití patrullan las zonas controladas por las bandas armadas en Puerto Príncipe, enfrentándose a la violencia constante y a condiciones precarias, en medio de una crisis humanitaria que mantiene al país al borde del colapso.
Un convoy de blindados avanza por las calles polvorientas de Pétion-Ville. Dentro de él, soldados kenianos intercambian órdenes en inglés; sus rostros están tensos, las armas listas.
Van a patrullar una zona cercana al aeropuerto internacional Toussaint Louverture, aún bajo control de las pandillas. La tensión es palpable. Desde que llegaron a Haití en 2024, los uniformados de Kenia han estado en la primera línea.
“Somos los únicos que realmente nos enfrentamos a los bandidos”, dice uno de los oficiales, bajo condición de anonimato.
“Los demás países se encargan de la seguridad de edificios o de evacuar heridos. La parte peligrosa es toda para nosotros,” añade.
De los más de mil kenianos desplegados, varios han sido víctimas de la violencia. Dos murieron en Artibonite y otros resultaron heridos en emboscadas en julio de 2024 y marzo de 2025, según las fuentes consultadas sin especificar el número de víctimas.
“Los criminales tienen mejores armas que nosotros”, se lamenta el militar.
Tensión interna y falta de estrategia
Según Naciones Unidas, cerca del 90 % de la capital está bajo control de grupos armados, más de 5.600 personas fueron asesinadas en 2024 y más de un millón han sido desplazadas. La policía nacional está desbordada y los recursos humanitarios se agotan.
En este contexto, los kenianos denuncian fallos internas dentro de la propia misión.
Oficiales consultados por EFE se quejan de condiciones de trabajo precarias, decisiones estratégicas erráticas y problemas en sus pagos.
Un general de la policía, Douglas Kanja, declaró que los agentes en Haití habían cobrado «hasta finales de octubre», cuando la misión comenzó en junio de 2024, una información corroborada por varios medios internacionales.
Las críticas apuntan también a la organización de la misión y al equipo militar. “Los blindados se averían constantemente. No tenemos cobertura aérea. Y aun así, se nos ordena desplegarnos en múltiples frentes”, relata un oficial.
“Algunos se autodenominan ‘especialistas’ en evitar patrullas. Todo depende de a quién conoces”, dice un soldado.
Según los testimonios, varias operaciones han fracasado por falta de respaldo o por decisiones que consideran inadecuadas.
“Nuestro comandante nos envió a Pont-Sondé, cuando todavía hay barrios controlados por bandas cerca del aeropuerto. No tiene sentido”, se queja otro miembro del contingente.
Una misión sin rumbo y un país al borde del colapso
Desde su llegada, la misión multinacional -en la que también participan Guatemala, El Salvador, Belice, Jamaica y Bahamas- no ha logrado frenar la expansión del crimen organizado.
El portavoz de la misión, Jack Mbaka, ha reconocido a EFE que la mayoría de las unidades solo se ocupan de tareas de “seguridad estática” y que aún están discutiendo formas de involucrarse más activamente.
“Pero mientras ellos deciden, nosotros ponemos los muertos”, asegura otro oficial keniano.
La crisis va más allá del terreno militar, la mitad del país enfrenta inseguridad alimentaria severa y solo el 37 % de los hospitales está operativo.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) cerró dos centros de salud en las primeras semanas por la inseguridad. El exdirector de MSF en Haití Benoit Vasseur, confirmó que actualmente sólo hay un hospital de la ONG operativo en Cité Soleil, en el noroeste de la capital.
En marzo, la ciudad de Mirebalais, sede del principal hospital universitario del país, fue atacada por bandas armadas, lo que obligó a cerrar temporalmente el centro.
Mientras tanto, el Gobierno interino, liderado por Fritz Alphonse Jean, ha anunciado un presupuesto de guerra y el despliegue de la polémica Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas (BSAP), señalada por violaciones a los derechos humanos.
“Es un escándalo. La BSAP no es una fuerza oficial, es un grupo armado al servicio de políticos”, advierte el abogado Samuel Madistin, director de la Fundación Je Klere.
Ante este panorama, los soldados kenianos se sienten atrapados. “Hemos expresado nuestras preocupaciones. Nos dijeron que no perdiéramos la esperanza, pero nada cambia”, concluye uno de ellos, con voz seca y mirando al horizonte.
