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SANTO DOMINGO.– Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito al regreso de un fin de semana largo, por el feriado del Dia de la Constitución, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) realizó operativos simultáneos de reducción de velocidad y pruebas de alcoholimetría a conductores que transitaban por la autopista Duarte y Las Américas.

En el operativo que inició a partir de las 2:00 de la tarde, próximo a los peajes de las referidas autopistas, 586 conductores fueron verificados, de los cuales 45 dieron positivo a las pruebas de alcoholemia, resultando 22 conductores por encima de lo normal. También fueron fiscalizados más de 180 conductores por diferentes faltas a la Ley 63-17.

El director de la DIGESETT, general Francisco Osoria De La Cruz, P.N., durante la supervisión de los operativos de alcoholimetría en cada uno de los retenes, explicó que “estamos trabajando incansablemente para prevenir accidentes y salvar vidas en nuestras carreteras. Es preocupante la cantidad de conductores que aún se arriesgan a manejar bajo los efectos del alcohol, poniendo en peligro no solo su vida sino la de los demás usuarios de las vías».

Asimismo, el general Osoria agregó que seguirán realizando estos operativos de manera aleatoria para crear una cultura de conciencia en los conductores, de que si van a manejar no deben tomar alcohol y les exhortó a ser responsables y planificar sus salidas con anticipación, designar un conductor sobrio o utilizar transporte público si piensan beber alcohol.

«No queremos que un momento de diversión se convierta en una tragedia vial, por eso es importante que todos colaboremos en la creación de una cultura de seguridad vial en nuestro país», concluyó el titular de la DIGESETT.

Estos operativos se realizaron en coordinación con el Instituto Nacional Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Policía Nacional, Defensa Civil, la COMIPOL.

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales reconoció que se han encontrado algunas antenas parabólicas en las cárceles, especialmente en La Victoria

El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, calificó como una «apreciación individual» la afirmación de que en las cárceles dominicanas los reclusos tienen acceso a teléfonos celulares.

Esta respuesta surgió tras la pregunta de un periodista sobre cuándo finalizarían las acciones que permiten el ingreso de dispositivos electrónicos para los reclusos, dado que la ley prohíbe su uso.

Hernández Basilio reconoció que se han encontrado algunas antenas parabólicas en las cárceles, especialmente en La Victoria. Sin embargo, señaló que cuentan con una Unidad de Control de Delitos Tecnológicos, que cada año lleva a cabo un proceso de desmantelamiento y supervisa de cerca estos casos en todos los centros penitenciarios del país.

Además, recordó el proyecto de bloqueo de señales en las cárceles de la República Dominicana, encabezado por Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cuyo objetivo es reducir los delitos cibernéticos que se gestan desde los centros penitenciarios.

Según Gómez Mazara, el plan inicial contempla abrir una licitación antes de finalizar 2024 e implementar el sistema en cuatro cárceles clave del país. Indotel ha asignado un fondo de 300 millones de pesos, en colaboración con la Procuraduría General, para instalar bloqueadores de señal en las prisiones, reforzando así la seguridad en el sistema penitenciario.

Sobre el particular, Roberto Hernández informó que este viernes las autoridades realizarán una visita a la cárcel de Anamuya, en la provincia La Altagracia, para llevar a cabo un levantamiento del sistema de colocación. Esta misma actividad se llevará a cabo en otros centros penitenciarios.

El director de prisiones habló durante la inauguración del Centro de Atención Provisional de Libertad, en la provincia San Pedro de Macorís.

En República Dominicana, la prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos por parte de los reclusos está contemplada en la Ley 113-21, que establece el régimen de las cárceles y centros de reclusión.

Esta ley regula las condiciones de detención y establece que los reclusos no deben tener acceso a dispositivos que puedan comprometer la seguridad del sistema penitenciario o facilitar actividades delictivas desde dentro de las cárceles.

Las autoridades incautaron un cargamento de 497 paquetes de  cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, durante labores desarrolladas, en la referida terminal.

Los agentes, militares y miembros del Ministerio Público, de acuerdo con informes de inteligencia, perfilaban decenas de contenedores que serían exportados hacia el puerto de Hamburgo, Alemania, cuando a través de uno de los escáneres, observaron inconsistencias en su interior, procediendo de inmediato a una verificación más rigurosa.

Por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a realizar el protocolo de apertura e inspección del contenedor (cargado de café molido), encontrando dentro 20 bultos de distintos colores, con los 497 paquetes de cocaína.

Las autoridades desarrollan las investigaciones de lugar en relación a la frustrada operación de narcotráfico, para de manera oportuna, ofrecer detalles que permitan tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, apresar a los involucrados en el hecho y ponerlos a disposición de la justicia.

Los organismos investigativos del Ministerio Público y la DNCD han reforzado las estrategias de interdicción conjunta, logrando intervenir importantes cargamentos a las redes redes criminales, que tratan de llevar drogas a Europa y Estados Unidos, camuflados en productos agrícolas y otras modalidades.

“Durante este 2024, la DNCD con apoyo de las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea y Ejército), la Procuraduría General de la Republica, agencias de Inteligencia del Estado, han confiscado un total de 27, 735 kilogramos (27.7 toneladas) y con la cooperación internacional han decomisado otros, 33, 659 kilogramos, para un consolidado de 60, 897 kilogramos de distintas drogas”

El organismo antinarcóticos quiere resaltar el apoyo de la gerencia del Puerto de Caucedo, quienes ofrecen toda la cooperación para que estas operaciones en contra del tráfico ilícito de drogas, se realicen con el éxito esperado, sin afectar el libre comercio en la terminal.

Los 497 paquetes ocupados   enviados  al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar a través de un análisis el tipo y peso exacto de la sustancia.

Santo Domingo.-Oficiales superiores y subalternos fueron suspendido y permanecen bajo investigación acusados de integrar una red delictiva que operaba al interior de la Policía Nacional, la cual se dedicaba a la extracción irregular de municiones desde los depósitos de la institución, con el fin de venderlas de manera particular.

A través de una investigación liderada por organismos de inteligencia del Estado se identificó a los miembros de esa institución, entre ellos varios coroneles cuyos nombres no fueron revelados, quienes extraían las municiones de los depósitos en violación a los protocolos.

Por tal motivo la intendencia de armas de la Policía Nacional se encuentra intervenida hasta tanto concluyan las investigaciones, cuyos hallazgos fueron remitidos por el Ministerio de Interior y Policía al Ministerio Público para que se inicie el debido proceso legal contra los involucrados.

Una fuente confirmó que representantes del Ministerio Público realizan los levantamientos para instrumentar el caso y someter a la justicia a los implicados.

A través de un comunicado, el Ministerio de Interior y Policía precisó que la investigación refleja la profundidad de la operación y la seriedad con la que el Gobierno aborda este tipo de irregularidades dentro de las instituciones de seguridad pública.

“Esta acción es parte de un compromiso firme con la legalidad y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia en la República Dominicana, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, de acuerdo con el comunicado.

Agrega que con el objetivo de prevenir que actos de esta naturaleza se repitan en el futuro, el Ministerio de Interior y Policía implementará un mecanismo de supervisión conjunta con la uniformada para garantizar un manejo eficiente y seguro del inventario de equipos e insumos.

Esta operación, enfocada en la estructura interna de la Policía Nacional, es un pilar fundamental en el proceso de reforma y transformación institucional que el Gobierno del presidente Luis Abinader está implementando, respondiendo al objetivo de modernizar, transparentar y recuperar la confianza ciudadana.

Hechos

—1— Denuncia
En 2021, el entonces ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, denunció una mafia en esa dependencia.
—2— Marzo 2023
Uno de los almacenes de armas de la Policía explotó.

Un grupo de motociclistas que se dedicaban a transportar nacionales haitianos indocumentados en diferentes provincias de la frontera dominico-haitiana, fueron presentados ante el Ministerio Público para que respondan por sus hechos.

En las últimas horas el Ejército de República Dominicana arrestó a siete 7 motociclistas, entre ellos cinco 5 dominicanos y dos 2 haitianos, mientras transportaban a 23 extranjeros con estatus migratorio ilegal.

En el municipio de Comendador, Elías Piña , miembros del ERD detuvieron a Michael García, Luciano De Los Santos y Julio De los Santos Encarnación , quienes se desplazaban en 5 motocicletas con 11 nacionales haitianos, junto a otros conductores que lograron escapar dejando abandonados sus respectivos vehículos.

En Dajabón una patrulla militar, de servicio en el destacamento Santa María, apresó a José Juan Rodríguez el cual se trasladaba junto a otro motociclista, a 6 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.
Mientras que en Las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana , fueron detenidos en la comunidad de Cocinera 5 nacionales haitianos que se desplazaban en 2 motocicletas conducidas por otros 2 haitianos indocumentados.

Y en el municipio de Duvergé, provincia Independencia, el dominicano Juan Enmanuel Vólquez Pérez fue detenido en el puesto de chequeo El Indio, en una motocicleta con una 1 nacional haitiana sin documentación.

Diariamente el Ejército realiza detenciones de personas que transportan a nacionales haitianos indocumentados en motocicletas y otros vehículos. La institución informó que continuará enviando a la justicia a los que se dediquen a esa práctica ilegal.

Medida que, según el abogado Manuel Mateo Calderón, violenta los artículos 40 y 44 de la Constitución Dominicana, así como el principio de ejercicio normativo del poder.

Santo Domingo.- El Ministerio de Administración Pública (MAP), emitió la circular 018031, en la que instruye a los órganos del Estado solicitar sus empleados, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, las facturas del pago de servicios como la luz y el agua.

De acuerdo con ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, el objetivo principal de la circular es conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, «en virtud de la necesidad de la existencia de orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta ciudadana y levantar información para diversas planificaciones y proyectos».

Medida que, según el abogado Manuel Mateo Calderón, violenta los artículos 40 y 44 de la Constitución Dominicana, así como el principio de ejercicio normativo del poder.

«Esa medida del Ministerio de Administración Administración Pública, violenta el principio de legalidad contenido en el artículo 40 numeral 15 de la Constitución de la República, en el sentido de que ‘a nadie se le puede pedir hacer lo que la ley no manda ni impedirle lo que la ley no prohíbe‘. Es decir, no existe ninguna norma jurídica que obligue a un servidor público a suministrar ese tipo de información», expresó el jurista.

El referido artículo agrega que «la ley es igual para todos: solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica».

Mateo precisó que esta disposición también violenta el artículo 44 de la Carta Magna, que establece el derecho a la intimidad, «el cual se violenta cuando se le exige al empleado indicar a nombre de quien se encuentran registrados los servicios de energía eléctrica y agua potable cuando no se encuentren registrados a su nombre».

Agregó que «también esa decisión es contraria al Principio de ejercicio normativo del poder, que indica que ‘la administración pública ejercerá sus competencias y facultades dentro del marco de la ley’. Artículo 3 numeral 10 de la Ley 107-13».