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Hasta el mediodía de ayer, más de 10 camiones de control migratorio abarrotados de haitianos llegaron a ese centro de retención, según documentó este diario.

Kendry espera impaciente en las afueras del Centro de Acogida Vacacional de Haina, donde su hermano está detenido. Ambos son haitianos. Las autoridades migratorias lo retuvieron por, supuestamente, estar en estatus irregular, una versión que, según Kendry, es falsa: “Él está renovado y tiene sus documentos”, aseguró ayer a la prensa.

El hermano de Kendry fue arrestado el pasado martes 1. Un día después (miércoles 2) el Gobierno anunció una de las medidas más fuertes contra la migración irregular haitiana: repatriar, a la semana, 10,000 personas que no porten documentación legal para residir en el país. Se trata de un plan a “gran escala”.

Desde entonces, los operativos migratorios se han intensificado. Por ejemplo, la jornada de ayer, que inició a las 5:00 de la mañana y cerró a las 6:00 de la tarde, dio como resultado preliminar la detención de al menos 1,782 haitianos en el Vacacional de Haina, según informó a Listín Diario la Dirección de Comunicaciones de la DGM.

Ahí, además, hasta el mediodía de ayer, más de 10 camiones de control migratorio abarrotados de haitianos llegaron a ese centro de retención, según documentó este diario mientras se encontraba en sus inmediaciones.

Los detenidos eran transportados en camiones de la DGM y la Fuerza Aérea mediante un amplio dispositivo militar. Muchos de ellos iban apiñados, como sardinas en latas, esposados, respirando el mismo aire, con rostros entristecidos.

Kendry aprovechó la presencia de los medios de comunicación para compartir su experiencia con respecto a su hermano: “No me permiten entrar ni me permiten llamarlo, sabiendo que la situación está totalmente complicada ahí adentro. No hay manera. Yo encuentro eso un tipo de abuso”.

“Si él tiene sus documentos a él, deberían de liberarlo. Así no puede ser. Nosotros no tenemos Gobierno, pero no es de esa forma, porque es una forma de abuso (…) y no sé si él está bien o está mal”, agregó.

El nuevo director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, aseguró que todo el plan migratorio se ha realizado con “respeto a los derechos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza” de las autoridades.

Lee Ballester, quien es vicealmirante de la Armada y llegó a la DGM dos días antes (sábado 29 de septiembre) de haberse anunciado el operativo nacional, explicó en un comunicado que se han realizado otros ajustes “a gran escala”, que incluye: estrategias, operaciones de inteligencia, logística, capacidades, protocolos de detención y vehículos.

Cuando los migrantes irregulares pisen el Vacacional de Haina, situado a unos 18.5 kilómetros de Santo Domingo, serán depurados por agentes para determinar si tienen o no un proceso migratorio abierto en la DGM. De no ser así, “serán deportados a su país”, indicó Lee Ballester.

“Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados”, dijo el vicealmirante.

Las jornadas de detención se han efectuado con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran, la Policía Nacional y el Ministerio Público en distintos barrios y sectores del Distrito Nacional, así como de las provincias Santo Domingo, Santiago y La Altagracia.

sábado 5 de octubre a  las 11 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canáan –Jochi Gómez– y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción y lavado de activos que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

El conocimiento de medida de coerción fue fijada luego de que el Ministerio Público depositara la noche de ayer viernes el expediente, en el cual solicita prisión preventiva como medida de coerción contra los siete involucrados y la declaración del caso complejo “por tratarse de crimen organizado”.

Los siete imputados están siendo implicados un esquema de malversación de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras. El órgano persecutor pide que el caso sea declarado complejo.

El escándalo ha generado un clamor generalizado entre la ciudadanía; una parte exige transparencia y justicia, mientras que otra piden a las autoridades judiciales que desarrollen el debido proceso, que se preserven los derechos fundamentales de los procesados.

Mientras tanto, la Procuraduría ha comenzado a realizar interrogatorios a los implicados y ha solicitado la colaboración de exfuncionarios que en sus gestiones realizaron contratos con la empresa Transcore Latam, SRL.

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) pospuso para el lunes el interrogatorio al exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, que tenía contrato con una de las compañías allanadas por el caso de semaforización.

Rubén acudió acompañado de su abogado Jovany Tejada y fue recibido por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Este año se ha repatriado a entre 10 mil y 13 mil haitianos cada mes; ahora se pretende lograr la cifra cada semana

Si se cumpliese la meta del Gobierno de deportar cada semana hasta 10 mil haitianos en condición irregular, la Dirección General de Migración estaría realizando en siete días lo que durante este 2024 ha hecho cada mes.

Esto, en razón de que, según datos oficiales de la institución, durante los meses de enero a septiembre de este 2024 se estaban ejecutando entre 10 mil y 13 mil deportaciones cada mes y ahora, de acuerdo con las nuevas medidas anunciadas, se pretender alcanzar esta cifra por semana.

Con un corte al 18 de septiembre pasado, Migración registraba 105 mil 656 deportaciones de nacionales haitianos desde enero de este año. De manera desglosada por mes fueron las siguientes cantidades: en enero hubo 10,798 deportaciones de haitianos; en febrero, 8,574; en marzo, 10,264; en abril, 13,070; en mayo, 11,861; en junio, 13,231; en julio, 12,456; en agosto, 13,757 y en septiembre, 11,645.

Serían 40 mil cada semana

El pasado miércoles, el Gobierno anunció medidas estrictas y especiales para que persiguen repatriar hasta 10 mil extranjeros irregulares cada semana con el fin de controlar la migración ilegal de haitianos hacia el país y reducir el exceso de esta población que se percibe en las comunidades dominicanas.
Para lograr esto, también informó que se estaría otorgando más recursos humanos y operativos para llegar a esta meta y que se reforzarían los controles migratorios, se desmantelarán redes de tráfico y se hará uso de la tecnología.

A partir de lo ambicioso de este nuevo objetivo de deportaciones, si se llega a la cantidad de 10 mil cada semana, cada mes serían 40 mil haitianos repatriados. Es decir, tres veces más de lo que cada mes de este 2024 se hacía. Al año, serían 480 mil repatriaciones, que llegarían casi al medio millón de haitianos.
En 2023 hubo 174 mil 602 deportados

Durante el año 2023, según estableció la Dirección General de Migración en su memorial institucional, esa entidad deportó a 174,677 extranjeros de distintas nacionalidades, de los cuales 145,869 son masculinos y 28,808 femeninos, siendo los nacionales haitianos los de mayor incidencia con un total de 174,602 seguido por los nacionales estadounidenses con 28, luego se encuentran los nacionales cubanos con 17, entre otros. En el mes de julio fue donde se deportaron la mayor cantidad de extranjeros hacia su país de origen, los cuales ascendieron hasta 19,544, donde 16,113 fueron masculinos y 3,4361 femeninos.

En el primer semestre del año 2023, se deportaron de 91,636 extranjeros de distintas nacionalidades, siendo los nacionales haitianos los de mayor incidencia con un total de 91,588 seguido por los nacionales cubanos con 16, los nacionales estadounidenses con 10 y luego venezolanos con 5.

Operativo a gran escala

El nuevo director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ha dejado claro que desde el Gobierno están decididos a llegar a los 10 mil deportados cada siete días y se trabaja en un operativo “a gran escala”. Para ello están involucrados el Ejército, la Fuerza Aérea, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (Ciutran), la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República.

Mientras que el canciller de la República, Roberto Álvarez, afirmó que la decisión de llegar a ese número de repatriados haitianos no se tomó a la ligera, sino que se produjo con base en la experiencia y las posibilidades.

“La medida de repatriar esa cantidad de indocumentados no se estableció a la ligera y se corresponde con las estadísticas que maneja la Dirección General de Migración en las repatriaciones que hace”, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana.

Exdirector de Migración duda de capacidad operativa

El exdirector de Migración (2011-2015), José Ricardo Taveras, saludó las medidas del Gobierno en el sentido de reforzar todos los lineamientos de la política migratoria a fin de que se pueda sacar, con el procedimiento de deportaciones, a la mayor cantidad posible de ciudadanos ilegales.

Sin embargo, señaló que deportar 10 mil personas por semana puede ser una agenda un poco atrevida en el sentido de que no le parece que, de un momento a otro, estén dadas las condiciones para que la operatividad del sistema facilite un volumen de ese nivel.

“Porque si bien es cierto que el país tiene el derecho de deportar a los ciudadanos extranjeros que hayan ingresado ilegalmente o que hayan ingresado legalmente y hayan permanecido ilegalmente, también es cierto que la Constitución dominicana y decisiones y precedentes del Tribunal Constitucional más el hecho de que somos parte de una comunidad internacional que nos va a encrespar, nos obliga a que ese proceso se haga a través del debido proceso administrativo”, puntualizó.

“Lo que quiere decir, que cada deportación tendrá que ser tramitada de manera individual y eso tiene unas implicaciones operativas que hacen un poco complejo lograr la meta que se ha planteado”, agregó.

El gasto en atención a haitianos

En su reciente intervención ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader habló sobre el alto costo que tiene que pagar la República Dominicana debido a la migración irregular de haitianos.

Refirió que en 2023, las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12 % del total de los servicios prestados a través del sistema de salud pública dominicano y que además, actualmente hay cerca de 200 mil menores extranjeros en el sistema educativo público, de los cuales se estima que 147,906 son de origen haitiano.

Entre las siete medidas adoptadas el pasado miércoles por el Consejo de Defensa y Seguridad además de las deportaciones, figura fortalecer la vigilancia y el control fronterizo con un despliegue de mayor cantidad de personal y equipamiento especializado y ampliar la desarticulación de redes de tráfico humano. Habrá una identificación y retorno asistido de migrantes y habrá más inspectores.

De igual forma, los inspectores de migración recibirán capacitación continua en materia de manejo de crisis, control migratorio y derechos humanos con el objetivo de actuar con profesionalismo y respeto a la ley.

SANTO DOMINGO.- La asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció el embargo de todas sus cuentas bancarias  como consecuencia de un requerimiento interpuesto por la Regional de Educación de Barahona contra la seccional del gremio magisterial de Barahona.

Una nota emitida la noche del viernes por el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP indica que fueron afectadas todas las cuentas del gremio lo que le impidió acceder a sus cuentas bancarias en momentos en que está organizando sus elecciones programadas para el próximo miércoles.

La Dirección Regional de Educación en Barahona gestionó el embargo de las cuentas bancarias de la seccional de la ADP en Barahona, pero según la nota del Comité Ejecutivo Nacional la medida se extendió a todo el gremio a nivel nacional.

La entidad responsabilizó de la acción al Ministerio de Educación (MINERD) y lo calificó como un acto “imprudente y antidemocrática, pretendiendo detener las elecciones del sindicato, a solo cinco días de las votaciones, justo cuando el montaje está sobre la marcha”.

“Un embargo a las cuentas de la ADP en medio de un proceso electoral tiene propósitos antidemocráticos y es un claro atentado contra la libertad sindical”, declaró el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP.

Indica que mediante el acto del alguacil 1999-2024, de fecha 04 de octubre, la ADP fue objeto de un embargo retentivo de todas sus cuentas a nivel nacional, realizado por la Regional 01 de Barahona, del Ministerio de Educación.

El acto de alguacil indica que el accionante es el Rional 01 de Barahona contra la seccional de esa ciudad, sin embargo la denuncia hecha por la ADP indica que el embargo se extendió a todo el gremio a nivel nacional.

El embargo es en virtud de una sentencia dictada en 2017 por un tribunal de Barahona que declaraba ilegal un paro de docencia ejecutado por la seccional de la ADP y ordenaba el reinicio de la docencia y ponía un astreinte de 50 mil pesos por cada día de incumplimiento.

Ese recurso fue interpuesto por padres de varios estudiantes en esa oportunidad, que obtuvieron ganancia de causa.

Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó para este sábado aguaceros, producto de los efectos de una vaguada en niveles altos al norte del país.

De acuerdo a la Onamet, las lluvias serán más notorias en provincias de las regiones norte, suroeste, el litoral costero caribeño, la Cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente en las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Monseñor Nouel, La vega, Barahona, San Juan, azua, Peravia y San José de Ocoa, entre otras.

El domingo, se observará un incremento más significativo de la nubosidad y las precipitaciones, como consecuencia de la vaguada y la interacción del viento del noreste, dichas precipitaciones serán más frecuentes de intensidad moderada a fuerte con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varios municipios de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Barahona, Santiago, San Juan, Azua, San José de Ocoa y Monte Plata, entre otras del litoral costero caribeño, la zona fronteriza y la Cordillera Central.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con aguaceros locales después del mediodía y tronadas aisladas.

Santo Domingo este: incruentos ocasionales de la nubosidad con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en horas de la tarde.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con aguaceros locales después del mediodía y tronadas aisladas.

Santo Domingo Oeste: incruentos ocasionales de la nubosidad con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en horas de la tarde.

Temperatura mínima entre 22 °C y 24 °C y máxima entre 30 °C y 32 °C.

Para el día de hoy el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fijó la tasa de cambio del peso dominicano respecto al dólar estadounidense de la siguiente manera:

Compra: RD$59.99.

Venta: RD$60.19.

El Banreservas posee el cambio del dólar para hoy, de la siguiente manera:

Compra: RD$58.65.

Venta: RD$60.15.

El Banco Popular fijó la tasa del cambio del dólar de la siguiente manera:

Compra: RD$58.45.

Venta: RD$60.25.

Según la plataforma Bloomberg Línea, el dólar en la República Dominicana se cotiza a RD$60.25.

El euro

Esta es la cotización del euro con relación al peso dominicano:

Banreservas:

Compra: RD$63.50.

Venta: RD$69.00.

 

Banco Popular:

Compra: RD$64.90.

Venta: RD$68.40.

 

Banco Scotiabank:

Compra: RD$65.40.

Venta: RD$68.40.

SANTO DOMINGO.-El caos vial que paralizó el tránsito en Santo Domingo entre el 28 y el 31 de agosto de 2024 ha sido una de las razones por las que el Ministerio Público ha arrestado a José Ángel Gómez Canaán, conocido como «Jochi», acusado formalmente de ser el responsable de un acto de sabotaje que afectó severamente la red de semáforos del Gran Santo Domingo, poniendo en jaque la seguridad vial de la capital.

Todo originado por el proceso de investigación sobre la legalidad del contrato para la instalación del sistema de semáforo asignado inicialmente a la empresa de Gómez Canaán y que fue suspendido por disposición de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.

Operación clandestina
De acuerdo con la investigación de las autoridades, entre marzo y agosto de 2024, la empresa Transcore Latam S.R.L., bajo las órdenes de Carlos Peguero, Pedro Padovani y el propio Gómez Canaán, llevó a cabo instalaciones no autorizadas de reguladores semafóricos dotados de tecnologías avanzadas.

Estas modificaciones incrementaron el número de reguladores de 80 a 124, sin conocimiento ni autorización del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), lo que complicó las operaciones de gestión y monitoreo de la red.

El relato que acompaña la solicitud de orden de arresto indica que estas instalaciones se realizaron durante la noche, en un aparente intento de evitar ser detectados, generando posteriormente una crisis en el sistema de semáforos.

Añade que el personal de Intrant, al intentar intervenir los equipos, se encontró con la sorpresa de que las cajas de seguridad de los reguladores tenían cerraduras cambiadas sin previo aviso, lo que restringía el acceso y hacía imposible ajustar las programaciones o responder ante fallas operativas.

Una red secuestrada
Sigue contando que el presunto sabotaje no sólo consistió en la instalación de nuevos equipos sin autorización, sino que la nueva tecnología implementada impedía al Intrant realizar los ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de la red semafórica.

Señala que desde principios de agosto, comenzaron a observarse fallas intermitentes en los semáforos de intersecciones críticas como las avenidas Winston Churchill y Núñez de Cáceres, generando atascos y caos vehicular durante las horas pico.

La solicitud de orden de prisión emitida por el Ministerio Público indica que la situación se agravó el 27 de agosto, cuando, en una tensa conversación entre Jorge Luis Polanco, representante del Intrant, y Gómez Canaán, este último amenazó con suspender todo el soporte técnico de los semáforos si se seguía cuestionando la instalación de los equipos. A las 10:44 p. m. de ese mismo día, Gómez Canaán ordenó a sus técnicos, a través de un grupo de WhatsApp, suspender todos los servicios, dejando a la ciudad sin la posibilidad de monitorear o corregir las fallas.

El desenlace del sabotaje
El Ministerio Público relata que el 29 de agosto, el Intrant se vio forzado a organizar un operativo conjunto con personal militar para retomar el control de la red secuestrada.

Las acciones fueron impulsadas luego de que se identificara que el centro de control de Transcore Latam S.R.L. había desactivado de manera deliberada 14 intersecciones semafóricas, lo que inicialmente fue considerado como simples averías.

En las siguientes horas, el número de intersecciones afectadas aumentó a 44, lo que es considerado por las autoridades como una confirmación de que el apagón masivo fue orquestado por Gómez Canaán y su equipo, quienes aprovecharon su control sobre los reguladores para causar estragos en el tráfico capitalino.

La auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que estos actos habían sido premeditados, agravando el estado del sistema y afectando directamente a miles de ciudadanos que quedaron atrapados en interminables atascos.

El detonante
El Ministerio Público considera que el detonante del conflicto fue una auditoría presentada el 26 de agosto de 2024, en la que se cuestionaba el proceso de licitación adjudicado a Transcore Latam S.R.L. por las irregularidades detectadas en la instalación de los semáforos.

Las advertencias de los técnicos del Intrant sobre el sabotaje tomaron mayor relevancia cuando se descubrió que la empresa había instalado decenas de reguladores sin autorización previa, lo que alteró gravemente el funcionamiento de la red.

El 30 de agosto, tras la salida forzada de Gómez Canaán de las instalaciones del Intrant, un equipo de técnicos desactivó los seis nodos de comunicación de Transcore Latam S.R.L., tomando control manual del sistema semafórico.

Sin embargo, la empresa respondió apagando 69 semáforos adicionales, lo que agravó el caos en las arterias principales de la ciudad.

Orden de prisión
La solicitud de orden de prisión recuerda que en los días posteriores, Gómez Canaán, utilizando su cuenta en «X» (antes Twitter), publicó mensajes amenazantes contra el director del Intrant, Milton Morrison, y el equipo que estaba a cargo de retomar el control del sistema.

Estas amenazas, sumadas a las acciones de sabotaje, llevaron a las autoridades a tratar el caso como un asunto de seguridad nacional, iniciando acciones legales contra Gómez Canaán y sus colaboradores.

Adjudicación

1,317 Millones de pesos.
Es el monto del contrato adjudicado a Transcore Latam S.R.L para la modernización de los semáforos.

Hay mucho por decir, afirma Carlos Pimentel
Investigación. El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, indicó que hay mucho más que decir de este caso, pero que será prudente por ahora.

El funcionario precisó que estará a la disposición de ir a cualquier instancia para defender sus actuaciones “como lo hemos hecho siempre”.

Refirió que Compras y Contrataciones emitió cinco resoluciones con las cuales anuló toda la documentación vinculada a esa licitación para la contratación del sistema de semáforos.

Hugo Beras dijo recientemente que los organismos de control del Estado fallaron en cuanto al proceso que se realizó para la adjudicación del contrato a la empresa ganadora.