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El hombre fue identificado como Ángel del Pino Cuya, de nacionalidad peruana, quien reside en la República Dominicana desde hace unos dos años

Santo Domingo. – Un tribunal de la República Dominicana dictó este jueves un año de prisión preventiva a un peruano acusado de generar el pasado 6 de enero una falsa alarma de bomba que llevó a las autoridades a la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), en el este de Santo Domingo.

El hombre fue identificado como Ángel del Pino Cuya, de nacionalidad peruana, quien reside en la República Dominicana desde hace unos dos años.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el imputado realizó una llamada telefónica a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que administra el AILA, alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines, con destino a Panamá, en momentos en que la aeronave ya se encontraba en vuelo.

La advertencia obligó a activar los protocolos establecidos, incluyendo el retorno de la aeronave, inspección de seguridad y medidas preventivas que derivaron en la interrupción temporal de las operaciones y el desvío de vuelos hacia otras terminales del país, señaló el Ministerio Público en un comunicado. 

Los organismos de seguridad de la terminal aérea confirmaron posteriormente que se trató de una falsa alarma. 

Producto de la investigación, Pino Cuya fue localizado y arrestado en un sector de la capital dominicana, donde, según el órgano acusador, “le fueron ocupadas evidencias vinculadas a los hechos que se le imputan, las cuales han sido incorporadas al expediente». 

Tras la audiencia de hoy en la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, el abogado del imputado, Rafael Lalane, dijo a la prensa que la medida dictada en contra de su defendido es “desproporcional” y que se trata “de un caso muy complejo”, por lo que se deben seguir las investigaciones.

Los galenos señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades pertinentes no han emitido un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre y el desasosiego que embarga a su colega. 

El Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó su  preocupación y rechazo ante la falta de una respuesta oportuna y definitiva por parte de la fiscalía correspondiente, respecto a la situación legal del pediatra  Cristian Díaz.

Los galenos señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades pertinentes no han emitido un pronunciamiento que ponga fin a la incertidumbre y el desasosiego que embarga a su colega. 

«Reiteramos que, basándonos en las evidencias actuales, defendemos la inocencia del doctor y consideramos inaceptable la prolongación de este estado de vulnerabilidad profesional y personal».

El CMD informó que Díaz fue arrestado de manera arbitraria, esposado y sacado del centro hospitalario por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones el pasado 26 de enero.

Este acto se produjo tras una denuncia falsa interpuesta por una ciudadana, sin que mediara una investigación previa, citación legal, ni el más mínimo respeto al debido proceso y a la investidura del profesional de la salud, señaló el gremio.

SOBRE LA CRISIS DE INSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE SALUD.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Policía Nacional y a los directores de los centros hospitalarios para intervenir ante la creciente ola de inseguridad que se ha desatado.

Recientemente, el Hospital Salvador B. Gautier fue supuestamente escenario de diversos atracos donde varios médicos resultaron víctimas de la delincuencia. 

«Este incidente es un síntoma de la alarmante vulnerabilidad que exhiben nuestros hospitales, la cual pone en riesgo la integridad física del personal de salud, vulnera los derechos de los pacientes a recibir atención en un entorno seguro, interfiere con el normal funcionamiento de los servicios hospitalarios», indicaron los médicos.

«Nuestra posición como gremio es que no podemos permitir que el personal de salud trabaje con miedo», agregaron.

Por lo que, exigimos seguridad perihospitalaria real por parte de la policía y que sea efectiva; exigimos una respuesta inmediata a estas demandas.

Asimismo, advirtieron que, de no recibir soluciones concretas en el corto plazo, el gremio se reserva el derecho de emprender las acciones de reclamo que considere pertinente para proteger a sus miembros y la dignidad del ejercicio médico en el país.

para la pastora piden 15 años, 10 para su hijo y cinco para Raúl  Girón Jiménez, este último delator en el caso

El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados el caso Coral, solicitando penas máximas de 20 años de prisión para los principales cabecillas y una condena especial de 5 años para el delator del caso, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Durante la lectura de las conclusiones, Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó que los imputados sean condenados por violación a la Constitución de la República, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras infracciones graves.

Penas de 20 años y multas millonarias

La fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR), Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola

Para estos procesados, el Ministerio Público también solicitó el decomiso masivo de cientos de bienes muebles e inmuebles, identificados mediante una extensa lista de pruebas materiales que abarcan desde propiedades de lujo hasta vehículos y activos financieros, en favor y provecho del Estado Dominicano.

El beneficio de la delación

En el caso del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamentada en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público propuso que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad o que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas específicas.

Esto residir en un domicilio fijó aportado al tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego, presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.

La información fue dada a conocer por el obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la Mesa de Diálogo

SANTO DOMINGO.- La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, principal alianza evangélica del país, anunció este jueves la puesta en marcha de dos importantes proyectos de investigación de alcance nacional, en alianza con la firma Gallup, reconocida internacionalmente por su rigor metodológico, credibilidad y aporte al análisis social y estadístico.

La información fue dada a conocer por el obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la Mesa de Diálogo, en la primera reunión ordinaria de su Consejo de Dirección en 2026, en la que presentó el alcance, los objetivos y la importancia estratégica de estas iniciativas para la comunidad de fe y para el país, detalla una nota de prensa.

Los proyectos anunciados son la Encuesta Nacional Evangélica y el Censo Nacional Evangélico, dos instrumentos de gran relevancia que permitirán disponer, por primera vez de manera sistemática, científica y confiable, de datos actualizados y representativos sobre la realidad, el impacto y los principales desafíos del sector evangélico a nivel nacional.

La Mesa de Diálogo explicó que estas iniciativas responden a una necesidad histórica de contar con información precisa que permita comprender mejor la composición, distribución territorial, dinámicas internas y aportes sociales de la comunidad evangélica, fortaleciendo así la toma de decisiones estratégicas tanto en el ámbito eclesial como institucional.

A través de la Encuesta Nacional Evangélica se medirán variables fundamentales como prácticas de fe, participación social, liderazgo, educación, valores, percepción ciudadana, compromiso comunitario y desafíos pastorales, ofreciendo una radiografía clara del presente de la comunidad evangélica y de sus proyecciones a futuro.

Por su parte, el Censo Nacional Evangélico permitirá identificar y cuantificar iglesias, ministerios, organizaciones, líderes y estructuras de servicio, así como su distribución geográfica, niveles de alcance e impacto social, constituyéndose en una herramienta clave para el fortalecimiento organizacional y la planificación estratégica del sector evangélico.

La alianza con Gallup garantiza que ambos procesos se desarrollen bajo los más altos estándares técnicos, éticos y metodológicos, asegurando la validez, confiabilidad y transparencia de los resultados, los cuales estarán disponibles para la comunidad evangélica, las autoridades, el sector académico y la sociedad en general.

Finalmente, la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana reiteró que estos estudios no tienen fines políticos ni partidarios, sino que buscan impulsar el desarrollo integral de la comunidad de fe, fortalecer su contribución al bien común y promover un diálogo informado y constructivo con los distintos sectores de la vida nacional, haciendo un llamado a iglesias, líderes, ministerios y creyentes de todo el país a participar y apoyar activamente estos procesos.

“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el Camacho.

Tras la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de ratificar la sentencia dictada en contra de los 10 implicados en el caso Senasa, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, volvió a señalar que la versión dos de este caso pronto será conocida.

“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.

Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”

Wilson Camacho calificó la decisión del tribunal, al mantener las medidas de coerción contra los actuales imputados,  como un éxito, al tiempo de indicar que es “un estímulo para el Ministerio Público seguir trabajando para que todo el que haya participado en este proceso venga a los tribunales a responder por sus hechos”.

Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.

La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.

El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.