El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó como “injusto y profundamente desequilibrado” el proyecto de Código Procesal Penal recién aprobado por la Cámara de Diputados, al considerar que la pieza rompe el balance esencial que debe existir en un Estado social y democrático de derecho entre la persecución penal, las garantías del imputado y el rol neutral de los jueces.
Mariotti afirmó que el texto aprobado representa un retroceso institucional, porque concentra un poder extraordinario en manos del Ministerio Público, reduce los controles judiciales y debilita derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, “lo que se presenta como modernización es, en realidad, un giro hacia un modelo más inquisitivo, más discrecional y menos garantista”.
El aspirante presidencial advirtió que el proyecto permite que el Ministerio Público interrumpa la prescripción con simples actos unilaterales, extienda investigaciones por tiempo indefinido y aplique medidas reales sin notificación previa. Para Mariotti, este rediseño procesal trastoca el principio de tutela judicial efectiva, ignora precedentes recientes del Tribunal Constitucional como las sentencias TC/0592/24 y TC/0766/24, y crea un escenario donde un solo actor procesa, condiciona y define las etapas críticas del proceso penal sin contrapesos reales.
También calificó como grave el debilitamiento del derecho de defensa que implica la reforma, al restringir el acceso temprano a la carpeta fiscal, permitir que la ausencia del imputado derive en medidas más severas sin notificación adecuada y mantener figuras ambiguas como la del “investigado”, ya declaradas contrarias al debido proceso. A su juicio, estas disposiciones eliminan la igualdad de armas y comprometen la claridad con la que deben presentarse los cargos, tanto en la fase preliminar como en el juicio.
Mariotti señaló que la redefinición del llamado “plazo razonable” constituye otra distorsión profunda. Expresó que, aunque la normativa vigente establece límites claros, la versión aprobada introduce criterios subjetivos que permitirían procesos interminables basados en la gravedad del hecho o en interpretaciones amplias del desarrollo del procedimiento. Consideró que este diseño no solo desnaturaliza la presunción de inocencia, sino que convierte la prisión preventiva en una pena anticipada, especialmente en los procesos complejos donde puede extenderse hasta 36 meses.
El exsenador también mostró preocupación frente al uso ampliado de figuras intrusivas como agentes encubiertos sin límites temporales definidos, interceptaciones que pueden renovarse sin tope establecido y la incorporación por lectura de informes encubiertos que no pueden ser contradictos de manera efectiva. Para Mariotti, “el combate al crimen no puede justificar la eliminación de garantías básicas ni la creación de espacios opacos donde la defensa no pueda ejercer contradicción real”.
En relación con la estructura judicial, sostuvo que el proyecto afecta la imparcialidad objetiva al permitir que un mismo órgano pueda intervenir en distintas etapas del proceso penal, incluso después de haber tomado decisiones previas. Recordó que este tipo de configuración ya ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional en decisiones como la TC/0472/19, que establece límites claros para preservar la independencia y la apariencia de neutralidad de los jueces.
Mariotti concluyó que el país necesita una reforma procesal penal moderna, eficiente y ajustada a los estándares internacionales, pero nunca a costa de debilitar derechos ni establecer un Ministerio Público sin controles. Afirmó que una democracia robusta se edifica garantizando equilibrio, transparencia y garantías para todas las partes del proceso penal. “Lo aprobado no representa ese camino. Es injusto, desequilibrado y pone en riesgo la arquitectura constitucional del proceso penal acusatorio”, aseguró.
En esa dirección, hizo un llamado al Senado de la República para revisar a fondo la pieza, corregir sus desequilibrios y garantizar un Código Procesal Penal verdaderamente moderno, democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.