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Por más de 20 años, República Dominicana estuvo excluida de la lista de países autorizados para exportar carne bovina cruda intacta hacia los Estados Unidos

La Dirección General de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitarios (Digemaps) informó que el país podrá exportar carne bovina hacia Estados Unidos.

“Digemaps recibió oficialmente por parte del Gobierno de los Estados Unidos la acreditación para la exportación de carne bovina hacia ese territorio, como resultado de la auditoría que fue realizada a plantas de procesamiento de carne en República Dominicana”, comunicó la institución mediante un comunicado.

Indicaron que esto fue posible gracias al cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad solicitados.

Por más de 20 años, República Dominicana estuvo excluida de la lista de países autorizados para exportar carne bovina cruda intacta hacia los Estados Unidos.

La auditoría

La Digemaps señaló que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizó una auditoría en el país para verificar si el sistema de inspección de carne de res cruda seguía siendo equivalente al de su país.

Esto concluyó con el permiso para “la exportación de productos seguros, sanos, no adulterados y etiquetados adecuadamente”.

La auditoría, realizada en octubre del 2024, confirmó que el país está habilitado para exportar carnes y que las plantas de sacrificio y procesamiento de carne de res cumplen con los requerimientos necesarios para esos fines, según la Digemaps.

“De aquí a futuro la idea es seguir exportando otros tipos de productos que sean más industrializados como salchichas, carnes de hamburguesas, entre otros, pero ya la carne magra como tal, se exporta tal cual, ese producto es recibido en Estados Unidos con los estándares de calidad e higiene de República Dominicana, algo que suele ser más difícil, lo que implica un valor agregado porque eso significa que las plantas de sacrificio dominicanas están haciendo el proceso correcto”, manifestó el director general de la Digemaps, Leandro Villanueva.

Componentes evaluados

Los elementos evaluados, de acuerdo con la Digemaps, incluyeron la Supervisión Gubernamental.

En este punto, la auditoría confirmó que, “la Digemaps tiene control sobre los establecimientos certificados, realiza visitas de supervisión mensual y asegura personal capacitado, por lo que, cumple los requisitos de supervisión”.

La auditoría también evaluó la autoridad legal y reglamentación sanitaria y en ese sentido, determinó que la legislación y las regulaciones dominicanas cubren aspectos como el manejo humanitario, inspección ante y post-mortem, control de materiales condenados y requisitos de exportación, sin identificar deficiencias.

Igualmente, fue evaluado el Saneamiento, “logrando verificar que los establecimientos implementan y mantienen programas adecuados, incluyendo SOPs sanitarias, controles de vestimenta y procedimientos correctivos”.

El Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) también fue analizado y aunque los establecimientos cuentan con planes HACCP, se identificaron oportunidades de mejora, donde la institución se comprometió a corregir y rectificar las observaciones señaladas.

En cuanto al Programa de Residuos Químicos, la evaluación de Estados Unidos determinó que la Digemaps mantiene un programa activo para el monitoreo de residuos veterinarios y pesticidas. Se verificó el cumplimiento de los procedimientos de muestreo, trazabilidad y acciones ante resultados violatorios.

El auditor del FSIS también visitó un laboratorio gubernamental y un laboratorio privado, que realizan pruebas microbiológicas, con el fin de verificar que estos puedan proporcionar un soporte técnico adecuado al sistema de inspección de inocuidad alimentaria.

En el Programa de Pruebas Microbiológicas, fueron realizadas pruebas para Salmonella, E. coli gisienérica y STEC.

“Se confirmaron los procedimientos de muestreo, control de lotes, medidas correctivas y rastreabilidad. FSIS no encontró preocupaciones significativas”, de acuerdo con la institución.

José Bujosa Niece destaca la importancia de la Revolución de Abril en la democracia del país

Al conmemorarse este jueves el 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965, la Fundación Caamaño Deñó, la Fundación Amaury Germán Aristy (FAGA) y seguidores del movimiento revolucionario rindieron homenaje a los héroes y mártires de esta histórica gesta con una ofrenda floral depositada frente a la estatua de Francisco Alberto Caamaño Deñó, ubicada en la calle El Conde, frente al Altar de la Patria.

José Bujosa Niece, representante de la Fundación Amaury Germán Aristy, manifestó que el país goza de libertades fundamentales gracias a la lucha por el retorno de la democracia y la defensa de la constitucionalidad.

«Una revolución que sentó la base de un pueblo y un alma defendiendo su patria y su constitución. Si hoy tenemos lo que hemos logrado, aunque no en términos absolutos, pero disfrutamos de un país donde existe la democracia, la libertad; eso es fruto de la Revolución de Abril y de la sangre derramada por esos héroes», afirmó.

Como parte del homenaje y para recordar la historia dominicana, en la entrada de la calle El Conde se colocaron fotografías de los momentos cruciales de la Guerra de Abril y del liderazgo de Caamaño Deñó.

«La entrega floral es un acto de memoria, un tributo a quienes ofrecieron sus vidas en defensa de nuestra soberanía ante la ocupación militar extranjera, y lucharon por el restablecimiento de nuestra constitucionalidad«, agregó Bujosa Niece.

Durante el acto, se recordó que la Revolución de Abril fue un momento determinante para consolidar la lucha por los derechos democráticos del pueblo dominicano.

Sobre la Revolución

Cada 24 de abril se conmemora en el país el inicio de esta revolución, en honor a los hombres y mujeres que defendieron los ideales democráticos y constitucionales en el país.  Con ello, se buscaba el retorno al poder del presidente constitucional Juan Bosch, derrocado en 1963.

 

Santo Domingo. La Fuerza Nacional Progresista (FNP), a través de su vicepresidente y vocero institucional, Pelegrín Castillo Semán, advirtió sobre una presunta trama internacional que busca desatar una grave crisis en República Dominicana, utilizando como eje el conflicto que se vive en Haití.

Ante lo que califican como una “guerra civil de baja intensidad” en la vecina nación, la FNP anunció que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, alegando la existencia de una “trama criminal compleja” que involucra crímenes de terrorismo, traslado forzado de poblaciones, agresiones encubiertas y amenazas directas contra la soberanía y seguridad nacional.

Mediante un comunicado de prensa, Castillo aseguró que este plan cuenta con el apoyo de poderosos actores foráneos, incluyendo sectores de la administración Biden, con el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional.

El presidente del CMD afirma que hay sectores económicos y políticos que se benefician de los inmigrantes.

Santo Domingo.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, expresó que el problema de migración en República Dominicana, no se resuelve en los hospitales, sino actuando en la frontera, evitando que las embarazadas lleguen a los centros de salud.

Suero fue entrevistado en el programa El Despertador, donde afirmó que muchos de los casos que hoy se enfrentan en los recintos sanitarios, pudieron evitarse si en las fronteras se aplicaran medidas efectivas.

“¿Ustedes quieren sacar extranjeros de aquí? ¿Y por qué no se meten en la frontera?” Se cuestiona. Asimismo, también dijo: “Aquí hay barrios que tienen la mitad que son extranjeros, indocumentados. Ellos saben, la policía sabe, todos los organismos de seguridad del Estado saben, métanse ahí y saquen extranjeros”.

Indicó, que hay sectores económicos y políticos que se benefician de los inmigrantes.

Nuevo protocolo y el Colegio Médico Dominicano

Waldo Ariel Suero reiteró su apoyo al gobierno para que enfrente la problemática de la migración, sin embargo, advirtió que no se puede actuar con medidas que pongan en riesgo la salud y la vida de personas, independientemente de su nacionalidad.

Con relación al nuevo protocolo de atención a extranjeros en hospitales, Suero reveló que ningún miembro del CMD la conoce ni fue consultado para la misma.

“Yo no conozco el protocolo, yo nunca lo he visto, tenían que llamarnos y sentarse a discutir ese protocolo, y yo llamar a las 62 sociedades médicas especializadas”, subrayó.

Detalló que la función de los médicos es la salud, pero que al Estado dominicano no le preocupa la opinión del CMD.

Finalmente, también hizo referencia a la cuota de recuperación (tarifa que solían cobrar los hospitales) y que según la nueva medida migratoria, los extranjeros deberán pagar por los servicios médicos, insumos y medicamentos que reciban, incluso los indocumentados, enfatizando que el CMD había logrado que sea eliminada.

«No vamos a permitir la privatización del ejercicio de la medicina a nivel público, como establece la constitución, que debe de ser gratuito. Y creemos que el Presidente de la República está de acuerdo con mi palabra», manifestó.

Santo Domingo.– En las inmediaciones de la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, se congregan decenas de manifestantes del movimiento Antigua Orden Dominicana.

Portando banderas, carteles y vestidos en su mayoría de color negro, los manifestantes se preparan para marchar hasta el Palacio Nacional, pese a las quince medidas anunciadas por el Gobierno para atender la crisis migratoria.

Fotos de Alexis Monegro.

Marcha de la Antigua Orden Dominicana.

Ángelo Vásquez, fundador de la Antigua Orden Dominicana, reiteró que la marcha busca exigir al Gobierno acciones más contundentes contra la migración irregular.

Este es un momento crucial para el pueblo dominicano. Solo unidos podemos avanzar, expresó Vásquez.

Santo Domingo.– En las inmediaciones de la estación Juan Bosch del Metro de Santo Domingo, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, se congregan decenas de manifestantes del movimiento Antigua Orden Dominicana.

Portando banderas, carteles y vestidos en su mayoría de color negro, los manifestantes se preparan para marchar hasta el Palacio Nacional, pese a las quince medidas anunciadas por el Gobierno para atender la crisis migratoria.

Fotos de Alexis Monegro.

Marcha de la Antigua Orden Dominicana.

Ángelo Vásquez, fundador de la Antigua Orden Dominicana, reiteró que la marcha busca exigir al Gobierno acciones más contundentes contra la migración irregular.

Este es un momento crucial para el pueblo dominicano. Solo unidos podemos avanzar, expresó Vásquez.

Dajabón.– El presidente de la República, Luis Abinader, respondió este miércoles a las críticas emitidas por Amnistía Internacional (AI) sobre la política migratoria dominicana, instando a la organización a enfocar sus esfuerzos en la crisis humanitaria que atraviesa Haití.

“Amnistía Internacional, yo les respondo que vayan a trabajar en Haití, que se preocupen por la situación de los derechos humanos allá, que no lo abandonen. Y también la comunidad internacional, que haga lo mismo”, expresó el mandatario durante un recorrido por la zona fronteriza norte del país.

Abinader reiteró que su deber como jefe de Estado es proteger a la República Dominicana y a sus ciudadanos ante la amenaza que representa la profunda inestabilidad del país vecino.

Llamado a la unidad nacional

En el marco de sus declaraciones, el presidente hizo un llamado a los principales partidos de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, para que respalden las decisiones del Gobierno en materia de soberanía y seguridad nacional. Asimismo, adelantó que responderá mediante una carta a las recientes declaraciones del secretario general del PLD.

Supervisión del muro fronterizo en Dajabón

Las declaraciones de Abinader se ofrecieron durante una visita de supervisión al muro fronterizo en Dajabón, donde dio inicio a la construcción de otros 13 kilómetros de la verja perimetral inteligente.

Durante la jornada, también encabezó el lanzamiento de una campaña de reforestación en la zona fronteriza, como parte de las acciones ambientales impulsadas por el Gobierno.

Amnistía Internacional pide detener las deportaciones colectivas

La reacción del mandatario dominicano se produjo luego de que Amnistía Internacional instara al Gobierno a detener “de inmediato” las deportaciones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con procesos migratorios.

Según este protocolo, vigente desde el lunes 15 de abril, inspectores de Migración están autorizados a verificar en los hospitales públicos si los pacientes extranjeros poseen documentación válida, prueba de domicilio, carta de trabajo y capacidad de pago.

De no cumplir con estos requisitos, serán deportados una vez se recuperen médicamente.

Estas disposiciones forman parte del plan de control migratorio anunciado por Abinader el pasado 6 de abril, en el que advirtió a los haitianos en situación irregular que “marchen voluntariamente” o serán localizados y repatriados.

“A las bandas haitianas les irá muy mal si cruzan la frontera”

En referencia al peligro que representan las bandas criminales que operan en Haití, el presidente fue tajante:

“Las bandas haitianas están en el sur de Haití y eso está controlado. En el norte enfrentamos otros problemas, como el contrabando y los ilícitos. Hasta ahora no han cruzado la frontera, pero si lo intentan, les irá muy mal”, advirtió.

SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, iniciado el lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la inmigración irregular desde Haití.

Un total de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales en el primer día de la implementación en 33 hospitales de esta medida, una del total de 15 anunciadas el pasado día 6 de abril por el presidente del país, Luis Abinader.

Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.

En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, como anunció Abinader en un mensaje a la nación, en el que recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados».

deportación tras recibir atención médica «no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro», dijo en un comunicado la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.

En su lugar, el Gobierno de Abinader «debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización», afirmó.

Las medidas «acentúan el desafío del Gobierno a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y las recomendaciones de derechos humanos emitidas al país por parte de organismos internacionales», añadió.

Además, «violan el propio principio constitucional de la República Dominicana sobre acceso gratuito y universal a la salud, institucionalizando la discriminación contra todas las personas migrantes, pero más directamente a las personas haitianas sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y personas dominicanas de ascendencia haitiana».

Desde octubre de 2024, se han ejecutado más de 180,000 deportaciones, que constituyen prácticas de expulsión colectiva prohibidas por el derecho internacional, de acuerdo con la organización internacional, que llamó a la población dominicana «a rechazar estas medidas crueles y racistas».

En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.

SANTO DOMINGO.- Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin «de inmediato» a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación, iniciado el lunes como parte de las medidas adoptadas por el país frente a la inmigración irregular desde Haití.

Un total de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales en el primer día de la implementación en 33 hospitales de esta medida, una del total de 15 anunciadas el pasado día 6 de abril por el presidente del país, Luis Abinader.

Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.

En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, como anunció Abinader en un mensaje a la nación, en el que recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados».

deportación tras recibir atención médica «no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro», dijo en un comunicado la directora de AI para las Américas, Ana Piquer.

En su lugar, el Gobierno de Abinader «debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización», afirmó.

Las medidas «acentúan el desafío del Gobierno a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y las recomendaciones de derechos humanos emitidas al país por parte de organismos internacionales», añadió.

Además, «violan el propio principio constitucional de la República Dominicana sobre acceso gratuito y universal a la salud, institucionalizando la discriminación contra todas las personas migrantes, pero más directamente a las personas haitianas sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y personas dominicanas de ascendencia haitiana».

Desde octubre de 2024, se han ejecutado más de 180,000 deportaciones, que constituyen prácticas de expulsión colectiva prohibidas por el derecho internacional, de acuerdo con la organización internacional, que llamó a la población dominicana «a rechazar estas medidas crueles y racistas».

En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en 2024 más de 5,600 personas murieron a causa de la violencia.